Vox ha pedido este viernes al Parlamento de Andalucía los datos personales de los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género que prestan o han prestado servicios entre los años 2012 y 2019.
El líder andaluz de Vox, Francisco Serrano, juez en excedencia, justifica esta demanda con el argumento de que «los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados».
De estas resoluciones judiciales, indica en su cuenta de Twitter, «depende la libertad de un acusado o el futuro de niños», y añade que «se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación».
El partido de extrema derecha, que cuenta con 12 escaños en el Parlamento andaluz y es partidario de la derogación de la ley contra la violencia de género, ha solicitado al Gobierno andaluz, a través del Parlamento autonómico, los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las unidades de Violencia de Género entre los años 2012 y 2019.
Serrano demanda una «relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género».
También reclama los nombres de los miembros de los «equipos psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre los años 2012 y 2019 completos».
La petición de Vox se acoge al artículo 7 del Reglamento de la Cámara andaluza, que obliga al Gobierno andaluz a facilitar la información, aunque respetando la ley de Protección de Datos.
El portavoz parlamentario Alejandro Hernández, ha explicado que se trata de «una de las muchas peticiones» de información que hace y hará esta formación e para «fiscalizar y comprobar el destino que se le han ido dando a las ayudas y fondos públicos concedidos por la Junta de Andalucía en los últimos años».
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, del que dependen las políticas en violencia de género, ha asegurado que esta petición de Vox no hará que su partido se mueva «ni un milímetro» de su posición en esta materia, y ha subrayado que «la plantilla que lucha contra la violencia de género no peligra en absoluto».
Tras trascender esa solicitud, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha confesado su «estupor» y ha asegurado que le ha «sonado a purga, a persecución y a otros tiempos que pensé que nunca tendría que conocer».
La expresidenta de la Junta está convencida de que «la ultraderecha sabe perfectamente» que a esos trabajadores les «protege» la Ley de Protección de Datos, pero pretenden «señalarles para que empiecen a avergonzarse de lo que hacen y a ocultar a lo que uno se dedica».
Vox comenzó este viernes en el Parlamento andaluz a desmarcarse del PP y Ciudadanos (Cs) al votar en contra de una propuesta sobre la financiación de las asociaciones feministas.
Para Serrano, el Parlamento «escenificó otro acto del gran teatro de género. La ultraizquierda propuso una nueva vuelta de tuerca en favor de chiringuitos supremacistas sin exigir fiscalización y auditorías y PP y Ciudadanos tragaron con su abstención. Sólo Vox se opuso», asevera en su cuenta de Twitter.
El sindicato CCOO en Andalucía ha advertido este viernes de que no va a tolerar una «caza de brujas» contra los profesionales que trabajan en las Unidades de Violencia de Género y ha lamentado que se esté poniendo «en tela de juicio» su profesionalidad.