El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha negado de forma rotunda en el juicio del 'procés' en el Supremo que la multitudinaria concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía de la Generalitat impidiera el registro ordenado por el Juzgado de Barcelona que investigaba la organización del 1-O o que pusiera en riesgo la integridad física de personas. Lo que sí ha admitido son los contactos telefónicos directos que mantuvo con el exconsejero de Interior Joaquim Forn, con el vicepresident Oriol Junqueras y con el Major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero para coordinar labores de orden mediante voluntarios de su organización.
El fiscal Javier Zaragoza ha dirigido al acusado un interrogatorio muy incisivo en lo que se refiere al asedio ocurrido frente a la consejería los días 20 y 21 de septiembre, preguntando por hechos concretos y queriendo saber las horas a las que estuvo, cuándo y cómo habló con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuántas llamadas hizo o recibió de autoridades catalanas.
La importancia de estas cuestiones radica en que es necesario acreditar la existencia de violencia para sustentar la petición de 17 años para Sànchez por un delito de rebelión.
Durante sus tres primeras horas de declaración, y después de hacer un relato de la primera vez que se personó en la consejería, el día 20 por la mañana, Sànchez ha admitido que el exconsejero de Interior Joaquim Forn le llamó a media mañana para pedir su colaboración para ayudar «en materia de orden» durante la movilización, tras lo cual habló con el entonces jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, quien le pidió que organizase a los «voluntarios» de la ANC.
«Parece que le encomendaron funciones de orden público con una concentración que se iba complicando», ha comentado el fiscal, a lo que Sànchez ha respondido que «no hay que confundir labores de servicios de orden con el orden público», y que éste siempre estuvo al cargo de los Mossos y de la Guardia Civil.
Pasillos voluntarios
«Una labor muy distinta, que está contemplada en la normativa de las manifestaciones, es ofrecer un mínimo de servicio de orden de los convocantes y tener una interlocución con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha subrayado, aunque también ha explicado que otra de sus funciones era formar un «pasillo» para que se pudiera entrar y salir de la consejería. Este pasillo, según ha llegado a manifestar en otro momento de su declaración, se mantuvo durante unas doce horas, hasta que la movilización fue desconvocada al filo de la medianoche.
En cuanto a sus contactos con Junqueras, el líder de ANC no ha podido concretar si las llamadas con el exvicepresidente fueron una o varias, aunque ha recordado que le llamó para saber si el pasillo hacia la Consejería estaba abierto, y él le respondió afirmativamente.
A lo largo de la declaración han sido varios los momentos en los que el fiscal Zaragoza le ha preguntado por qué no disolvió la concentración, viendo el cariz que estaba tomando la protesta, y en cada una de ellas Sánchez le ha reprochado que le atribuyera unas funciones de seguridad que él no tenía.
También ha reconocido que ante la cantidad de gente concentrada --en algunos momentos se llegó a las 40.000 personas-- él se vio incapaz de hacer que se retiraran de la puerta o se disolvieran.
Concentración «sin tensión»
Según el acusado, su «percepción actual» de los hechos ocurridos durante esas horas es que «en ningún momento hubo tensión» y la gente permaneció usando «elementos festivos, cánticos y hasta un escenario por donde pasaron grupos de música, artistas...». Y además, Sànchez ha reivindicado que, aunque «el derecho de manifestación no es absoluto», es «importante para poder expresar y actuar en una sociedad democrática».
En este punto ha rechazado por «radicalmente falso» el relato que se ha hecho desde algunos medios de comunicación de que hubo un intento de asalto a la Consejería de Economía. No hubo ningún riesgo para la integridad física de ninguna persona y no hubo ningún daño al edificio. No se crean únicamente mis palabras; visionen las imágenes, es visible la tranquilidad absoluta», ha manifestado Sànchez al tribunal que juzga el proceso independentista en Catalunya.
Violencia contra vehículos
Ha sido en ese momento cuando Zaragoza le ha llamado la atención sobre los vehículos de la Guardia Civil que resultaron dañados durante la movilización. Según Sànchez, él no fue consciente de los primeros daños hasta el día 20 por la tarde, cuando se dio cuenta de que había «ruedas pinchadas», por lo que ha asegurado que informó de ello al teniente de la Benemérita que estaba en la entrada del edificio.
Fue entonces, ha relatado, cuando el teniente le comunicó que en el interior de esos coches había «armas largas», algo que, según ha comentado, le generó una «tensión como pocas veces» y de lo que no quiso hacerse «responsable». Sànchez ha afirmado que informó a Trapero y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana --responsable del dispositivo de Mossos ese día-- y les dijo que haría «lo que buenamente estuviera» en sus manos para «evitar males mayores».
La referencia a los vehículos dañados ha dado para numerosas preguntas del fiscal y el acusado ha admitido por primera vez que «fueron algunos manifestantes» los que provocaron esos destrozos.
También ha reconocido haberse subido a ellos sólo una vez. Fue cuando, pasadas las doce de la noche, observó junto al presidente de Ómnium Jordi Cuixart que había personas que no habían hecho caso de su llamamiento de casi una hora antes para irse a casa y rodeaban aún la puerta de la consejería.
En dicho momento alguien le acercó un megáfono y subió al coche de la Guardia Civil. Apuntado por el Fiscal, ha admitido que en ese momento también aprovechó para convocar otra protesta para el día siguiente.
«Yo puedo ser independentista, pero no idiota», ha señalado, pero también ha remarcado que aunque sea una «acción criticable y denunciable», no puede ser la «excusa para criminalizar y penalizar una movilización de 40.000, 50.000 o 60.000 personas que estaban allí de manera cívica».
La inseguridad era la «percepción» de la secretaria
Sobre el hecho de que la secretaria judicial que participaba en el registro del edificio tuviera que salir por la azotea para pasar a un inmueble contiguo, el acusado ha reconocido que esta situación no le parece «normal», pero que fue ella la que «declinó la salida porque tendría la percepción de que no era seguro».
Pero eso sí, ha matizado que en la movilización no hubo ningún intento para impedir la salida de la comitiva judicial. Es más, en otro momento del interrogatorio ha apuntado que «nadie conocía a la secretaria judicial y podía haber salido sin ningún tipo de dificultades», y que el registro se estaba efectuando «con normalidad».
«Si sabía que había vehículos dañados, que la comitiva judicial no podía ni entrar ni salir, ¿por qué no cogió un megáfono y disolvió la concentración?», ha preguntado el fiscal. Sànchez ha afirmado que «aunque lo hubiese querido» no se veía capaz de desmovilizar a «miles de personas» con un megáfono.
Sí ha admitido que lo hizo por la noche, pero lo ha justificado porque en ese momento ya contaban con altavoces. Eso sí, ha remarcado que su voz no llegaba a toda la gente concentrada, por lo que a las doce de la noche el líder de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, y él se subieron a un vehículo de la Guardia Civil para volver a comunicar a los manifestantes que el permiso de manifestación había concluido.