El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión en Barcelona una declaración de reparación y reconocimiento a favor del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys y ha proclamado de forma «pública y solemne» la «restitución de la plena dignidad» del dirigente político.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, han explicado en rueda de prensa que este acuerdo amplía el que ya tomó el Gobierno en 2010, cuando ya reconoció la figura del político. Batet ha subrayado que entonces la familia solicitó que una «reparación» más amplia y contundente, especialmente, el reconocimiento de que fue asesinado.
El Gobierno se apoya en la Ley de Memoria Histórica para aprobar esta declaración, «atendiendo a la trayectoria vital y política» del presidente catalán, a las «ominosas circunstancias en que se produjo su muerte» y a las varias declaraciones e iniciativas parlamentarias favorables a la reparación y el reconocimiento personal de quienes fueron represaliados en la guerra civil y el franquismo, en particular, Lluís Companys i Jover.
Lluís Companys fue presidente de la Generalitat de Cataluña de 1934 a 1940, líder de Esquerra Republicana de Cataluña y ministro de la Marina de España en 1933. Tuvo que exiliarse durante la Guerra Civil a Francia, pero fue capturado y sometido a un consejo de guerra.
Tras el consejo, el dictador Francisco Franco dio el «enterado» a su sentencia de muerte y fue fusilado al alba el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Montjuic (Barcelona), que hacía las veces de prisión.
Además, el Consejo de Ministros ha reconocido el carácter injusto y ha declarado la ilegitimidad de las sanciones que se impusieron durante la dictadura de Franco a siete miembros de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que fueron cesados: Enrique Moles Ormella, Ignacio Bolívar y Urrutia, Honorato de Castro y Bonel, Enrique Hauser y Neuburger, Emilio Herrera y Linares, Pedro Carrasco Garrorena y Blas Cabrera y Felipe.
El Gobierno declara que fueron cesados «por razones políticas, ideológicas o de creencia contrarias al régimen», tras lo cual algunos tuvieron que exiliarse. Se pretende con ello «recuperar el honor y la memoria de los académicos agraviados y de sus familias con la declaración y reconocimiento de la injusticia sufrida».
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado el acuerdo por el que se crea la Comisión de trabajo para la rehabilitación y garantía del derecho al honor de los miembros de las Reales Academias y academias de ámbito nacional sancionados durante la Guerra Civil y la dictadura. Estará presidida por la secretaria de Estado de Universidades e I+D+I y compuesta por los subsecretarios de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, y Justicia, y por distintos miembros de ambos departamentos.