El Gobierno enviará dentro de dos semanas a las Cortes Generales la propuesta de reforma de la Constitución para restringir los aforamientos de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores después de que el Consejo de Estado haya dado el aval a su contenido.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado que será en la reunión del Consejo de Ministros del 30 de noviembre cuando se apruebe la propuesta y se remita al Congreso para que comience su tramitación parlamentaria.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá se ha congratulado de que el máximo órgano consultivo haya respaldado «muy mayoritariamente» el planteamiento del Ejecutivo de limitar los aforamientos «exclusivamente al ejercicio de la actuación constitucional» de los miembros del Gobierno, diputados y senadores.
Una vez recibido el dictamen que el Consejo de Estado terminó de redactar este jueves, Celaá ha señalado que el Gobierno tiene que estudiarlo, si bien ha garantizado que se aprobará antes de que finalice noviembre, como se comprometió hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Celaá no ha dado pistas de si el Ejecutivo incluirá en la reforma constitucional la recomendación del Consejo de Estado de extender las limitaciones de los aforamientos a los diputados autonómicos, que no se rigen por la Carta Magna, sino por las normas de cada comunidad autónoma.
«Dentro de quince días tendrán cumplida información. Debemos estudiar el informe y adoptar un acuerdo», se ha limitado a decir la portavoz del Ejecutivo.
El dictamen del Consejo de Estado cree conveniente que el Gobierno o las Cortes Generales impulsen cambios legales «en el plazo de un año» para homogeneizar el régimen procesal que regula los aforamientos de los parlamentarios autonómicos, así como el de jueces, fiscales y policías.
El deseo del Ejecutivo es que las Cortes Generales aprueben la reforma constitucional en el plazo de dos meses, una vez que se lo remita dentro de dos semanas.
Para que prospere, es preciso un apoyo de tres quintos de los escaños tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que es preciso el apoyo del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Sánchez anunció su plan de limitar los aforamientos el pasado 17 de septiembre y cuatro días después, se solicitó el informe al Consejo de Estado para que expusiera su posición sobre la propuesta.
De la treintena de miembros que integran el pleno del Consejo de Estado, solo uno, el exsenador catalán de ICV Jordi Guillot, votó en contra en la sesión celebrada este jueves.