El socialista Pedro Sánchez cumple este sábado 100 días al frente del Gobierno. Un periodo que inició de forma exitosa conformando en apenas cinco días un Ejecutivo con mayoría de mujeres que fue gratamente acogido dentro y fuera del país, pero cuyo efecto se empieza a diluir fruto de la minoría parlamentaria en la que se encuentra y a las rectificaciones de algunos ministros.
Después de que el pasado 1 de junio prosperase la moción de censura presentada contra el 'popular' Mariano Rajoy por un PSOE que no tenía nada claro sus posibilidades de éxito, muchos dudaban de que Sánchez, tras llegar a La Moncloa de modo tan abrupto, fuera capaz de formar un Gobierno solvente.
Pero Sánchez, una vez más contra todo pronóstico, superó las expectativas elaborando un gabinete con mayoría abrumadora de mujeres --11 de un total de 18-- que colocó a España en la cabeza del ranking mundial de países con presencia femenina en órganos ejecutivos.
La buena acogida de su Gobierno no se reducía a su carácter feminista, sino que la incorporación de perfiles solventes e independientes de prestigio tranquilizó incluso en los sectores más conservadores.
Especialmente bien acogida fue la ministra de Economía, Nadia Calviño, percibida en Bruselas --donde trabajaba como directora general de Presupuestos de la Comisión Europea-- como la garantía de que el Gobierno de Sánchez cumpliría con los compromisos de reducción del déficit público.
CRISIS DE GOBIERNO A LA PRIMERA SEMANA
Con la misma velocidad con la que se desarrollaron los acontecimientos desde el debate de la moción de la censura, Sánchez hubo de afrontar su primera crisis de Gobierno cuando su flamante gabinete de ministros apenas contaba con una semana de funcionamiento.
Una exclusiva de 'El Confidencial' destapó que el ministro de Cultura, el periodista y presentador de televisión Màxim Huerta, había sido condenado en mayo de 2017 a una multa de 218.322 euros por fraude a Hacienda. Huerta había tributado sus colaboraciones en televisión por el impuesto de Sociedades --más ventajoso a efectos fiscales-- en lugar de haberlo hecho a través del IRPF.
Aunque en un primer momento el presidente descartó cesarle, al final del día Huerta, arrastrando los pies, anunció su dimisión. Entre medias, había circulado un vídeo por las redes sociales y medios de comunicación con declaraciones de Sánchez en 2015 comprometiéndose a echar de su equipo a quien hubiera creado una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos, como hizo el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero para cobrar sus trabajos de asesoría para el Gobierno de Venezuela.
En cualquier caso, la renuncia del ministro más breve de la democracia se gestó también en un tiempo récord. El 'caso Huerta' le estalló a Sánchez en medio de otra crisis, la de la acogida del buque 'Aquarius' con más de 600 migrantes a bordo rescatados por las ONG SOS Mediterráneo y Médicos sin Fronteras y a quienes Italia negó el atraque en sus puertos.
Este gesto humanitario permitió a Sánchez adquirir protagonismo ante sus socios europeos en los días previos a su estreno en el Consejo Europeo de junio, pero generó unas expectativas en el ámbito de las ONG que no tardó en defraudar con la devolución exprés de los 116 subsaharianos que saltaron en agosto la valla de Ceuta.
Pese a los intentos del Ejecutivo de diferenciar entre la situación del 'Aquarius', con personas rescatadas de una muerte segura en el mar, al asalto violento a la valla de Ceuta, los expertos y ONG especializadas en migraciones no dudan en calificar este nuevo enfoque de «desacertado».
SUCESIÓN DE RECTIFICACIONES
Este bandazo del Gobierno ha ido seguido de otros. Entre los más sonados, la rectificación con respecto a la defensa del juez Llarena ante la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont presentó en Bélgica por unas declaraciones del magistrado que, bajo su punto de vista, cuestionaban su independencia como juez.
Después de que el Ejecutivo explicara que la Abogacía del Estado contrataría un abogado para defender la inmunidad de la jurisdicción española, pero no al juez en el ámbito de lo privado en el que se produjeron esas declaraciones, el Gobierno rectificó al tomar conciencia de que se le estaban echando encima jueces y fiscales.
El propio Sánchez reconoció en conversación informal con los periodistas que le acompañaron en su gira iberoamericana que el Gobierno finalmente llegó a la conclusión de que, por cómo estaba planteada la demanda, era imposible disociar la defensa del sistema judicial español de la del juez.
Muy notoria también fue la renuncia de Sánchez a convertir el Valle de los Caídos en un Museo de la Memoria, como venían defendiendo los socialistas. Según él, el monumento en El Escorial tiene tal carga simbólica con elementos vinculados al franquismo que lo ve imposible de resignificar. El Gobierno ahora se conforma con sacar de allí los restos del dictador Francisco Franco, único enterrado allí que no es víctima de la Guerra Civil ni de la dictadura.
Esta misma semana el Gobierno ha puesto en cuarentena una decisión del Ministerio de Defensa para anular una venta de bombas de precisión del Ejército de Tierra a Arabia Saudí, por temor a que pudieran usarse en Yemen. Los trabajadores de Navantia alertaron de que Riad había amenazado con cancelar el plan de comprar cinco corbetas a los astilleros gaditanos y el Ejecutivo ha dejado el asunto en manos de una comisión interministerial.
La posible fecha de las elecciones generales también ha sido objeto de vaivenes. Antes del debate de la moción, Sánchez se comprometió a convocar elecciones «cuando antes» si llegaba a La Moncloa, aunque precisó que antes habría que recuperar una cierta estabilidad en el país, atender las urgencias sociales y limpiar de corrupción las instituciones.
El mismo día que prosperó la moción, dos personas del equipo más próximo del presidente, como eran la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario de Organización, José Luis Ábalos, descartaron que Sánchez tuviera la intención de agotar la legislatura. En cambio, una vez formado un Gobierno con vocación de perdurar, Sánchez empezó a sostener que su propósito era convocar comicios en 2020, cuando toca.
La aprobación o no de unos nuevos Presupuestos para 2019 y la evolución de la situación en Cataluña serán factores determinantes que influirán en la decisión de adelantar o no los comicios, una competencia exclusiva del jefe del Ejecutivo.
FEELING CON PODEMOS
La llegada de Sánchez a Moncloa ha propiciado un acercamiento entre el PSOE y Podemos, a quien ahora los socialistas sí tratan como «socio preferente» y con quienes están pergeñando un acuerdo global para los Presupuestos. «Hay 'feeling'», reconocía este jueves Pablo Iglesias tras su encuentro con Sánchez en Moncloa.
Pero Sánchez precisa también el apoyo de los independentistas para que salgan sus cuentas, que presentará en un otoño que se espera caliente en Cataluña, con la celebración de la Diada este 11 de septiembre y, sobre todo, el aniversario del referéndum del 1 de octubre y los preparativos del juicio del 'procés'. Para esas fechas se espera conocer los escritos de acusación que determinarán por que delitos se juzgarán y qué penas se piden para los dirigentes independentistas encausados.
La debilidad parlamentaria del Gobierno no sólo se pondrá a prueba con la presentación de los Presupuestos. A día de hoy, prácticamente la única medida que ha conseguido impulsar el Ejecutivo y que ya esté en vigor se limita a la recuperación de la sanidad universal para todo el mundo, incluso para los extranjeros en situación irregular en España.