El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019 el anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, que contemplará el abuso sexual, el acoso en redes sociales e incluirá un registro de menores víctimas.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, este viernes 7 de septiembre durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El texto, según ha precisado, será el resultado de un «trabajo en equipo» y se recogerán también «todas las reflexiones y aportaciones previas de organizaciones sociales y de infancia».
Montón ha indicado que desde este viernes comienzan «un amplio debate en el proceso de participación» para elaborar el anteproyecto de ley que «incluirá el abuso sexual y las nuevas formas de violencia como el acoso o la violencia a través de las redes sociales».
Asimismo, se elaborará un registro unificado de menores víctimas que permita disponer en una sola unidad toda la información. «Debemos cuantificar el número de menores que sufren malos tratos, vejaciones, acoso, abusos sexuales o de otro tipo, así como conocer quiénes son los que ejercen esa violencia contra ellos para que la sociedad tome conciencia», ha añadido.
Este registro, según ha precisado, se actualizará en materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesionales, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores, con especial referencia a los supuestos de privación de patria potestad, tutela, guarda o adopción.
Formación de jueces y fiscales
El trabajo implicará a distintos ministerios --Sanidad, Educación, Justicia, Interior, Trabajo-- así como a administraciones locales y autonómicas, entidades sociales, sociedades científicas y a la Fiscalía de Menores. En este sentido, se trabajará en la formación de jueces, fiscales y demás profesionales. Asimismo, la ministra ha asegurado que se tendrán «muy presentes las aportaciones de los propios niños y niñas».
La ley recogerá la definición de violencia acorde con la Convención de Derechos del niño en aspectos como el abuso y maltrato físico y mental, el abandono, la explotación y el abuso sexual, así como la restauración de los derechos de las víctimas.
Además, la norma desarrollará medidas específicas de protección para aquellos grupos de menores en especial situación de vulnerabilidad, como las niñas, víctimas de trata, menores con discapacidad o LGTBI.
Montón ha indicado que el objetivo es «actuar de manera más eficaz y contundente» contra la violencia sufrida por la infancia en España «para que todos los niños disfruten de una infancia plena y feliz».
Prevención desde la familia
Además, la ley garantizará los derechos de los menores en los procesos penales y civiles, en especial, su derecho a ser oídos; y también se incluirá la prevención desde el ámbito familiar, sociosanitario, deportivo, de ocio y digital.
También ha agregado que trabajarán con expertos para facilitar «el deber de denuncia» y la detección precoz de estas situaciones de violencia y velarán por la reintegración de los derechos vulnerados.
Montón ha puntualizado que el anteproyecto de ley está en una fase «muy incipiente». El plazo para consultas públicas permanecerá abierto hasta el próximo 17 de septiembre. Por el momento, el Gobierno ya ha mantenido reuniones con varios ministerios, administraciones locales y autonómicas, sociedades científicas, entidades sociales, que continuarán en los próximos meses.
Además, la ministra ha anunciado que el próximo miércoles 12 de septiembre tendrá lugar una reunión del Pleno del Observatorio de la Infancia, uno de los primeros foros donde se materializará el proceso de diálogo para la elaboración de la ley.
Una reivindicación de las ONG
Las ONG venían reivindicando desde hace tiempo una Ley de Violencia contra la Infancia y en 2017 ya remitieron una propuesta al anterior Gobierno del PP para la elaboración de un borrador. Entre las medidas sugeridas por estas organizaciones, encabezadas por Save The Children, destacan algunas de las anunciadas por la ministra Montón como el registro unificado de menores víctimas o el deber de denuncia.
Las ONG también planteaban la creación de una red de juzgados especializados en menores al estilo de los que ya funcionan para violencia de género y que entenderían de todos aquellos asuntos en los que niños y adolescentes fueran víctimas directas.