La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal y ha designado fiscal instructor sobre la atención sanitaria prestada a Teófilo Rodríguez, el joven de 34 años de 385 kilos residente en la localidad valenciana de Turís, que sufre obesidad mórbida.
La apertura de diligencias, acordada el pasado 22 de agosto, se produce a raíz de una petición de la asociación El Defensor del Paciente, que se puso en contacto con Fiscalía para solicitarle una «investigación de oficio y depuración de responsabilidades».
La entidad explicaba en el escrito que en este caso se había producido una «denegación de asistencia a un paciente con obesidad mórbida» de 350 kilos, con posterioridad se reveló que su peso era de 385, «sin ninguna calidad de vida y en situación desesperante».
El Defensor del Paciente añadía que «de todos es sabido que esta patología tiene intervención ya que, de no hacerlo, todos sus órganos se verán afectados y esta denegación pone en riesgo su vida». Fiscalía ha acusado recibo de la denuncia donde se ponen de relieve «hechos que pudieran ser constitutivos de delito» y por ello ordena la incoación de diligencias.
El caso de Teo se hizo público la segunda semana de agosto a raíz de la insuficiencia respiratoria que presentaba y que requirió ser trasladado al Hospital de Manises, aunque no se disponía de la camilla que soportara un peso como el suyo.
Tras una estancia en el centro, recibió el alta y fue remitido a su domicilio en un camión de mudanzas para, al cabo de unas horas, regresar de nuevo al hospital con los mismos síntomas. La familia denunció esa forma de traslado al no reunir las condiciones apropiadas para su estado.
El joven recibe atención de un equipo multidisciplinar especializado en obesidad y como «ingreso social», según explicó el centro en su día, porque desde el punto de vista médico no presentaba «ninguna condición ni causa clínica que justifique un ingreso hospitalario».
El equipo multidisciplinar especializado en obesidad que está trabajando en su caso está conformado, entre otros, por personal de enfermería, endocrinos, nutricionistas, fisioterapeutas y especialistas en psiquiatría.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, afirmó recientemente que se valoraba ofrecerle una residencia o una vivienda asistida, recursos que en todo caso debían contar con el visto bueno tanto del joven como de su entorno familiar y los profesionales de servicios sociales.