La concejal de la CUP de Reus Mariona Quadrada, detenida esta mañana por los Mossos d'Esquadra tras plantar tres veces a la juez que la investiga por un delito de incitación al odio, ha quedado en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar ante la magistrada.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la titular del juzgado de instrucción número 2 de Reus, que ayer ordenó la detención de Quadrada, ha acordado dejarla en libertad con cargos después de que ésta se haya negado a declarar en su comparecencia al juzgado, donde la han llevado los Mossos d'Esquadra tras su arresto.
Los Mossos habían detenido a primera hora de la mañana de hoy a Quadrada, tras haberlo ordenado ayer la juez después de que la concejal de la CUP la plantara en las tres ocasiones en las que la había citado por un delito de incitación al odio a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazados a Cataluña para impedir el referéndum del 1-O.
Más de un centenar de personas se habían concentrado a las 9 de la mañana ante los juzgados de Reus para mostrar su apoyo a Quadrada, que ha salido sonriendo y con el puño izquierdo levantado.
Tras negarse a declarar ante la juez, la concejal anticapitalista ha comparecido ante los periodistas a las puertas del juzgado para asegurar que se siente con fuerza para trabajar para «romper el Régimen del 78» y para fomentar la implantación de la República de Cataluña.
«Ni me siento culpable ni me sentiré nunca», ha añadido Quadrada, que fue citada a declarar el pasado lunes a las doce del mediodía, pero no acudió por «no reconocer a la justicia española» y por «ser el momento de tener las cosas claras y hacer efectiva la República».
La concejala ha dejado plantada tres veces a la juez -la primera, por problemas de agenda de la defensa-, tal como hicieron ya sus dos compañeros de bancada, los concejales Marta Llorens y Oriol Ciurana, que también fueron obligados a comparecer detenidos en la misma causa.
El pasado mes de diciembre, los dos concejales estuvieron detenidos más de 17 horas y pasaron una noche en los calabozos para prestar declaración al día siguiente, aunque se acogieron a su derecho a no hacerlo.
La instrucción judicial parte de una denuncia de un delito de incitación al odio formulada por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por las protestas ciudadanas llevadas a cabo frente al hotel Gaudí de Reus.
Allí se alojaban alrededor de un centenar de agentes antidisturbios, que formaban parte del contingente policial desplazado a Cataluña para impedir el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Además de los tres concejales de la CUP, también constan como investigados el alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT); y los portavoces de los grupos municipales Montserrat Vilella (PDeCAT), Noemí Llauradó (ERC) y Jordi Cervera (AraReus) por firmar un manifiesto.
En ese manifiesto, los firmantes pedían a los hoteleros de Reus que hiciesen lo que resultase «adecuado y necesario para que de manera inmediata abandonen el municipio"- en referencia a los antidisturbios- e invitaban a la gente a sumarse a las protestas.
También se investiga a seis bomberos que participaron en las protestas y al propietario y al empleado de un gimnasio al que acudían varios de los antidisturbios, por pedirles que no fueran más, ya que los clientes habituales se habían quejado.