El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha limitado la citación del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato para el 5 de abril a las posibles irregularidades en el cobro de sus servicios a Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC), aunque ha suspendido de momento su declaración por blanqueo.
Según han informado hoy fuentes jurídicas, el titular del juzgado, Antonio Serrano-Arnal, lo ha decidido así aunque de forma provisional, a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso interpuesto por el expresidente de Bankia, que inicialmente también había sido llamado a declarar por el supuesto blanqueo de capitales que le atribuye la Guardia Civil.
En concreto, Rato solicitó a la sala el archivo de esa pieza separada del caso en tanto que pidió al juzgado que suspendiera dicha declaración hasta conocer la resolución de la correspondiente sección de la Audiencia Provincial.
Además del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para el próximo 5 de abril también están llamados a declarar, siempre en calidad de investigados, dos administradores de la sociedad.
Las comparecencias se producirán un año después de que la Audiencia de Madrid ordenara al juez de Instrucción la reapertura de la pieza que investiga a Rato por la facturación de sus colaboraciones con BCC al estimar que el presunto delito fiscal de 2012 aún no había prescrito.
Según la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, el exvicepresidente del Gobierno habría recibido un total de 1,66 millones de euros de la sociedad, a la que facturaba por las conferencias impartidas entre 2007 y 2014 a través de la mercantil Arada.
La sala sostuvo entonces que la conducta descrita por los investigadores constituiría un delito penal en tanto que los datos utilizados para la liquidación del impuesto se declararon «mal o torticeramente» mediante una «actuación de ocultación de la realidad».
En cuanto a las pesquisas por blanqueo, ahora pendientes de la segunda instancia, parten del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado en marzo de 2017, que advertía de indicios suficientes de que Rato empleó mercantiles domiciliadas en el extranjero -Vivaway y Kradonara- sin actividad social conocida, utilizando como testaferros sociedades fiduciarias.
El pasado octubre, la Audiencia Provincial de Madrid instaba a la reapertura de esta parte del caso tras valorar que el expresidente de Bankia empleó Vivaway y Kradonara con el «fin último, se adivina sin esfuerzo, de defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco».
De igual modo, recordaba que a partir de 2006 Westcastle y Red Rose canalizaron los fondos que manejaban a través de las otras sociedades anteriormente citadas, investigadas como los presuntos instrumentos para la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública.
Dado que todas ellas pertenecen «a la misma persona», Rato, el tribunal defendía la necesidad de establecer qué cantidad de dinero llegó de las dos primeras hasta las segundas, que la UCO sitúa en torno a los 8 millones de euros, hecho en el que se sustentaba la última citación.