El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha acordado la apertura de juicio oral contra Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores y subsidiariamente por uno de desobediencia de orden judicial, después de que permaneciera casi un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri.
En un auto notificado este martes, la titular del juzgado mantiene la situación de libertad de Juana Rivas y declara que será un juzgado de lo penal el órgano competente para enjuiciar los hechos.
La Fiscalía de Granada ha solicitado un total de cinco años de prisión para esta madre de Maracena (Granada) por dos delitos de sustracción de menores y también pide que sea inhabilitada durante seis años para ejercer el derecho de patria potestad sobre sus dos hijos, de once y tres años.
Francesco Arcuri, que ejerce la acusación particular en esta causa, también ha solicitado para ella cinco años de prisión, aunque eleva a ocho años su petición inhabilitación para ejercer la patria potestad por dos delitos de sustracción de menores.
Arcuri plantea la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia de orden judicial por el que pide nueve meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.
En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama que Juana Rivas le abone por los «daños materiales y morales ocasionados» una indemnización de 30.000 euros, más intereses.
Juana Rivas siempre ha alegado que se fue con sus hijos del domicilio familiar de Carloforte (Italia) para huir de una supuesta situación de maltrato a manos de su pareja que se habría prolongado entre junio de 2013 y mayo de 2016.
Arcuri fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, una sentencia que se dictó por conformidad de las partes, y en 2016 volvió a ser denunciado por Juana Rivas en España.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana puso en Granada.
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada llegó a investigar a los familiares de Rivas, así como a su asesora jurídica y a su psicóloga en el Centro Municipal de Maracena para averiguar su presunta vinculación con la sustracción de los menores, aunque la causa se archivó finalmente para todos ellos, quedando únicamente ella implicada.
Este miércoles, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada celebrará además una vista para fijar los daños y perjuicios causados a Francesco Arcuri en relación a los gastos que tuvo que asumir al viajar a España y hacer efectivo el retorno a Italia de los niños.
De forma paralela a este proceso, el Tribunal de Cagliari (Italia) tiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en Carloforte.