La juez ha enviado a prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los ocho exconsellers que este jueves han ido a declarar a la Audiencia Nacional, adonde no ha acudido el expresidente Carles Puigdemont, sobre quien pesa una petición de arresto internacional que aún no ha resuelto la magistrada.
La juez Carmen Lamela había citado acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista a Puigdemont y sus trece exconsellers, pero solo nueve de los imputados han ido a la Audiencia Nacional.
Para ocho de los que se han desplazado a Madrid la juez ha ordenado prisión incondicional por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva; y solo a Santi Vila, exconseller de Empresa, le ha impuesto una fianza de 50.000 euros para salir de la cárcel, que podría hacer efectiva este viernes.
En un mensaje desde Bélgica emitido por TV3, Puigdemont ha pedido la liberación de los miembros de su Govern, cuyo encarcelamiento ve como «un golpe contra las elecciones del 21D».
Previamente a través de su cuenta de Twitter, Puigdemont había criticado que se actúe contra el «legítimo gobierno de Cataluña» por «sus ideas» y ha añadido en un segundo mensaje: «El clan furioso del 155 nos quiere en prisión».
La no comparecencia de Puigdemont y cuatro de sus exconsellers, que se encuentran en Bruselas, ha llevado a la Fiscalía a pedir a la magistrada que ordene su detención a las autoridades belgas.
Además del expresidente catalán han optado por quedarse en Bélgica Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), sobre cuya detención la juez decidirá probablemente este viernes.
En el caso de Vila, Lamela considera que, como dimitió un día antes de la declaración de la independencia en el Parlament, «desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista».
Los ocho restantes que este jueves han ingresado en dos prisiones de la Comunidad de Madrid -Alcalá Meco y Estremera- son Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior).
La juez entiende que en el caso de los nueve imputados existe riesgo de fuga, reforzada por el hecho de que Puigdemont y algunos de sus exconsellers se han marchado a Bruselas.
«Basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido», destaca en los autos de prisión.
Considera Lamela que los imputados llevan dos años «planificando y realizando» actos encaminados a la independencia unilateral de Cataluña.
Los abogados defensores ven «desproporcionada» la decisión de la jueza y advierten una situación de «indefensión», dado que la citación se conoció el martes y algunos de los acusados la recibieron este jueves por la mañana sin tiempo para preparar la estrategia.
El decreto de prisión ha sido contestado en Barcelona con una manifestación de miles de personas ante el Parlament, donde han pedido libertad para los «presos políticos», y el rechazo de los partidos independentistas.
El PSC, que ha acatado la decisión, ha dicho no obstante que la ve «desproporcionada», lo que no ha evitado que el alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, haya anunciado que deja el cargo y el partido en protesta por el apoyo de los socialistas al artículo 155 y por el envío a prisión de los exconsellers.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que horas antes había reconocido en el pleno del Ayuntamiento a Puigdemont como presidente «legítimo» de la Generalitat, ha hecho un llamamiento a «todo el catalanismo» para que se una «sin fisuras» contra el «autoritarismo» del Gobierno de Mariano Rajoy y ha reclamado una amnistía y el fin del 155.
Las principales entidades soberanistas, agrupadas en la plataforma Crida per la Democràcia, han convocado una semana de protestas y una manifestación el 12 de noviembre.
La actuación de Lamela contrasta con la del juez Pablo Llarena, quien instruye una querella por los mismos hechos en el Tribunal Supremo (TS) contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa.
Al contrario de lo acontecido en la Audiencia, donde solo una de las defensas ha solicitado el aplazamiento, todos los abogados de la Mesa han pedido suspender las comparecencias de hoy para poder disponer de más tiempo con el fin de preparar sus estrategias, una petición a la que no se ha opuesto la Fiscalía y que ha acordado el juez. Todos ellos están citados para el próximo 9 de noviembre.
Lo que también ha acordado el magistrado ha sido imponer como medida cautelar la «vigilancia policial permanente» para los seis investigados hasta que comparezcan el próximo día 9, a petición del Ministerio Público.
Esa vigilancia no se hará de forma presencial, sino mediante la localización del domicilio y de un teléfono móvil para que la Policía pueda tenerles localizados, con el fin de garantizar su puesta a disposición judicial, según fuentes de la Fiscalía.