El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha anunciado este martes que el Ejecutivo central ha suprimido tres organismos vinculados con el autogobierno y ha cesado a los delegados territoriales que la Generalitat tenía. También ha aprobado el cese del secretario general de la Conselleria de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, Lluís Juncà, 'número dos' del vicepresidente cesado, Oriol Junqueras. Juncà fue precisamente nombrado el martes de la semana pasada en la última reunión del Govern antes de ser cesado, una reunión que este martes no se ha vuelto celebrar.
Lo ha dicho en rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Catalunya, donde ha comparecido para rendir cuentas de la reunión del Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes por la tarde en Madrid.
Los organismos suprimidos son: la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno, la Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno, y la Comisión interdepartamental sobre el autogobierno --los tres, creados en marzo de 2016--; también ha cesado el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi-Sunyer.
Millo ha alegado que los tres organismos estaban vinculados al Consell Assessor per a la Transició Nacional, el organismo que realizó informes para la Generalitat sobre la independencia de Catalunya.
Los delegados territoriales del Govern cesados son Miquel Àngel Escobar (Barcelona); Ramon Farré (Lleida); Eudald Casadesús (Girona); Òscar Peris (Tarragona); Rosa Amorós (Alt Pirineu i Aran), Laura Vilagrà (Catalunya Central) y Xavier Pallarés (Terres de l'Ebre).
ELECCIONES CATALANAS
Millo ha informado que el Consejo de Ministros también ha servido para aprobar un segundo real decreto: el de medidas complementarias para la celebración de las elecciones al Parlament, convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para el 21 de diciembre.
Este real decreto desarrolla la decisión tomada por el Senado de aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana y forma parte de los «trámites habituales» que se necesitan para organizar unas elecciones al Parlament, ha explicado Millo.
Entre otras cuestiones, el decreto regula las gratificaciones e indemnizaciones que recibirán las personas que, por ejemplo, participen en mesas electorales, el personal de los ayuntamientos y también los miembros de los cuerpos de seguridad autonómicos.
Además, se regula los modelos del material electoral y la forma en la que los ayuntamientos se comunicarán con las juntas electorales, y esto se hace en virtud también de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), ya que Catalunya no tiene ley electoral propia.
EN BARCELONA: «EXCEPCIONALIDAD»
Millo ha destacado que es «la primera vez» que la Delegación del Gobierno en Catalunya asume la responsabilidad de informar de los acuerdos del Consejo de Ministros y que ha hacen referencia a la comunidad catalana.
Ha precisado que esto se debe a la situación de «excepcionalidad» actual por la que el Gobierno central ha asumido la gestión de la Generalitat después de que el Govern, según ha criticado, decidió apartarse de la legalidad democrática vigente.