El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha indicado que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarara este jueves en el Parlament la independencia de Cataluña, no tendría efectos jurídicos porque se basa en leyes suspendidas, pero políticamente se estaría promoviendo un proceso al margen de la ley.
En declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de participar en un desayuno informativo organizado por el periódico digital «encastillalamancha.es», el ministro ha sido preguntado por la posibilidad de que el pleno del Parlament convocado para esta tarde declarara la independencia, aunque ha rechazado especular sobre lo que Puigdemont pueda decidir, tras semanas de «un nivel de incertidumbre, ambigüedad y declaraciones que uno no acaba de entender bien lo que significa».
En cualquier caso, ha indicado que si el Parlament declarara la independencia de Cataluña, «no puede tener ningún efecto jurídico», «ninguna trascendencia, ninguna consecuencia», pues ha señalado que la ley en que se ampara dicha declaración ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, porque una parte del territorio no se puede declarar independiente del resto, ya que no lo recoge la Constitución.
Sin embargo, ha añadido que, desde el punto de vista político, es «una manifestación de una intención de promover un proceso al margen de la ley», y ha lamentado que «sean los radicales quienes estén orientando la política en los últimos tiempos» y estén llevando a «una crisis de la convivencia, una pérdida de garantías de los derechos de los ciudadanos».
Por ello, y tras lamentar las «amenazas, pintadas y descalificaciones» hacia quienes no apoyan la independencia, ha hecho un llamamiento «a la cordura, al equilibrio, al respeto, que se restituya la legalidad», y que en eso está trabajando el Gobierno central.
Asimismo, y ante una hipotética detención de Puigdemont o del Govern por la declaración de independencia, Catalá ha explicado que «en España las detenciones se practican con ocasión de un mandato de un juez y la existencia de un proceso judicial», ante lo cual ha indicado que «ahora mismo» no le consta que «haya ninguna actuación procesal que pueda conllevar la detención de un miembro» del Govern.
«Pretendemos que en Cataluña se siga cumpliendo la ley, el Estatut y la Constitución», ha defendido Catalá, que ha confiado en que el debate independentista no tenga efectos negativos en la economía catalana, aunque ha alertado de que «ya se están suspendiendo reservas turísticas y se está parando la actividad económica».
Así, ha advertido del «gravísimo daño» que puede generar la situación política catalana en el empleo y en la actividad económica de todo el país y de Cataluña y, por ello, ha deseado que, cuanto antes, se recupere el «normal funcionamiento» de las instituciones en Cataluña y ha añadido que esta es la finalidad por la que trabaja el Gobierno central.