La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado a prisión sin fianza por sedición al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por «promover» el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el 1-O.
Lamela ha adoptado esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía tras rechazar su solicitud de enviar a prisión por estos hechos al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, al que ha impuesto medidas cautelares leves.
Sánchez y Cuixart, a los que la juez asigna el papel de «promotores y directores» de las concentraciones frente a la sede de la Consejería de Economía, son los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación a ese asedio que ingresan en prisión, tras reclamarlo la Fiscalía.
En ese papel de promotores, los dos se mantuvieron al frente de las concentraciones «durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes».
Para decretar la prisión, Lamela aprecia en el auto riesgo de reiteración delictiva, «ya que viene operando dentro de un grupo organizado de personas», y también observa «alta probabilidad» de que los investigados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba.
Además de los hechos del 20 de septiembre, Lamela destaca también que las mismas cuentas de whatsapp utilizadas para promover el asedio frente a la Consejería, también se usaron el 1-O y desde ellas «realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales».
La juez recuerda además la actuación de Cuixart en Badalona (Barcelona) después de que la Guardia Urbana hubiera incautado unos carteles en apoyo al 1-O que se hallaban en el interior de un vehículo.
Ese día, Cuixart y otras personas exigieron a los agentes la devolución de los carteles, a lo que estos se negaron, por lo que el líder de Òmnium y el teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Téllez, «sustrajeron del interior del vehículo oficial todo el material intervenido» e impidieron a los agentes recuperarlo.
Con respecto a los hechos del 20 de septiembre, la magistrada relata como desde estas entidades se lanzaron mensajes en las redes sociales no para participar en una manifestación pacífica, sino para la «protección» de sus gobernantes con consignas como «parar a la Guardia Civil».
Tanto es así que algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches mientras otros empujaron a los agentes, y hubo quienes bloquearon la salida de un vehículo.
«Todos estos hechos de carácter objetivo ponen de manifiesto (...) que la actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley y de las resoluciones», destaca el auto.
Con ello, según la juez, pretendían «impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución».
La juez apunta a Cuixart y Sánchez como los «interlocutores» de las movilizaciones, pero sin aceptar las opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos, ni tratar de desconvocar o diluir esas concentraciones.
En este sentido recoge el llamamiento de Sánchez a los congregados frente a la Consejería de Economía: «Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa».
Del mismo modo, señala que el líder de Òmnium pidió que la movilización ante Economía no se detuviera y recuerda como ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a «la movilización permanente».