El Ejecutivo ha dado este viernes 48 horas de plazo al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que garantice que ni un solo euro de los presupuestos irá destinado al referéndum ilegal del 1 de octubre, o el Estado asumirá los pagos de la Generalitat.
El Gobierno ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Cataluña, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha definido como «novedoso» y que, según ha anunciado, explicará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso.
«No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal», ha remarcado Montoro que se ha mostrado convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno central.
Ese acuerdo de no disponibilidad presupuestaria significa que si la Generalitat no garantiza que no va a destinar ninguna cantidad a servicios que no son fundamentales -como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales- será el propio ministro de Hacienda quien lo haga y el Estado asumirá el pago de todas esas partidas.
«Estamos intentando evitar las malas ideas, en términos de lo que esté pensando pagar. E intentado evitar que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando», ha señalado.
Montoro ha explicado que el Estado pasaría a pagar «directamente buena parte de las nominas» y que esta medida «de un control de pagos» se prolongará «durante el tiempo que dure» la «situación de excepcionalidad» que han provocado los dirigentes de la Generalitat y «se sigan negando a cumplir la ley».
«Establecemos la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado», ha dicho el ministro de Hacienda, ante la «incertidumbre» que están generando las decisiones políticas de la Generalitat sobre el referéndum.
Ha recalcado que está «en juego» el interés general de los catalanes y el conjunto de los españoles y la defensa de la ley y la Constitución.