Los organizadores de la charla de la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, convocada para este viernes en Vitoria con el objetivo de analizar el proceso soberanista catalán han dado por terminado el acto alrededor de 50 minutos después de su inicio, una vez que la Policía Local les ha comunicado la suspensión del mismo decretada por un juez de la capital alavesa y les ha dado un plazo de diez minutos para desalojar la sala.
La conferencia había sido organizada por 'Ascatasunera', una plataforma surgida en Euskadi con el objetivo de apoyar el referéndum soberanista convocado en Cataluña para el 1 de octubre.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria ha suspendido este viernes, en respuesta a una petición de la Delegación del Gobierno en Euskadi, la autorización de la cesión del local municipal en el que se había convocado el acto, al considerarlo «ilegal».
No obstante, la notificación de la suspensión no ha sido entregada a los organizadores de la charla hasta las 12.10 horas, 40 minutos después de la hora de inicio de la conferencia.
A esa hora, varios policías locales se han presentado en el Centro Cívico Aldabe, donde se celebraba el acto, para comunicar la decisión judicial a los organizadores. Los agentes han dado un plazo de diez minutos para desalojar la sala y, durante ese lapso de tiempo, la conferencia ha seguido adelante.
Transcurrido ese tiempo, la organización ha dado por terminada la charla, y tanto los ponentes como el público han abandonado el local entre proclamas en favor de la independencia y de la libertad de expresión, aunque sin protagonizar incidente alguno.
En declaraciones a los medios de comunicación en el exterior del centro cívico, Gabriel ha calificado de «vergonzoso, lamentable y reprobable» que «en este país se suspenda la libertad de expresión».
«Estábamos haciendo una charla en la que hablábamos de múltiples cuestiones. Parece que ya no sólo molesta que hablemos del referéndum; molesta que hablemos de feminismo e internacionalismo», ha denunciado.
La portavoz de la CUP ha criticado, aunque sin citar a alguien en concreto, a aquellos que «han hecho de correa de transmisión de las actuaciones demofóbicas y represivas del Estado español». «Pueden ilegalizar un acto, pero no pueden ilegalizar a todo un pueblo. El 1 de octubre votaremos», ha asegurado.
En unas declaraciones previas a la charla, cuando aún no se le había notificado la suspensión decretada por el juez, Gabriel ya había lamentado la «amenaza de prohibición» que existía en torno al acto.
«Siempre habíamos escuchado que sin violencia se puede hablar de todo; pero parece que no es verdad», ha lamentado. La portavoz de la CUP ha censurado la conculcación de las libertades de «expresión y reunión», y ha advertido que el proceso catalán se ha convertido en «una confrontación con la demofobia del Estado español».
También se ha pronunciado sobre la última oferta de diálogo trasladada por las instituciones catalanas al Gobierno central para tratar de llegar a un acuerdo en torno al referéndum. «Los independentistas nunca hemos negado el diálogo; siempre hemos tenido voluntad de acuerdo», ha manifestado. No obstante, ha advertido de que «el derecho de autodeterminación no se suplica, sino que se ejerce».
Respecto al cuestionamiento que ha realizado el lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre las «garantías» jurídicas para la celebración del referéndum, ha considerado que lo que debería hacer el PNV es «una denuncia pública y contundente» de la actitud «represiva» del Estado español.
«No sólo está en juego la independencia de Cataluña, sino también los derechos fundamentales», ha advertido. A continuación, ha afirmado que no quiere «pensar» en la posibilidad de que el PNV «no esté por defender» derechos como el de la libertad de expresión y de reunión.