La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto del Govern por desobediencia, prevaricación y malversación, delito éste que implica penas de prisión, por entender que hicieron un «uso ilegal de fondos públicos» con el referéndum.
La querella, anunciada ayer por el fiscal general del Estado y formalizada hoy, se presenta por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya ha suspendido de forma cautelar, al admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno.
La Fiscalía solicita que se reciba «declaración en calidad de investigados» a todos los miembros del Govern por estos tres delitos.
En la querella, la Fiscalía justifica la inclusión del delito de malversación de caudales públicos porque entiende que el Govern pone en marcha un procedimiento, el referéndum, «que va a generar un importante gasto público».
«Impulsar la celebración del referéndum supone consumar el despojo de fondos públicos», sostiene la querella, redactada por el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada.
«Los miembros del Govern no pueden desconocer que su decisión de convocar el referéndum de autodeterminación conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos», señala la querella, que recuerda que la propia ley de los presupuestos de la Generalitat de este año ya preveía habilitar partidas para sufragar este referéndum.
«Con su actuación, los querellados posibilitan la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto que vulnerador de la inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional», añade.
En cuanto al delito de prevaricación, la Fiscalía Superior de Cataluña también acusa al Govern de pretender la «abierta y deliberada derogación» de la Constitución con la convocatoria de este referéndum.
La querella asegura que los decretos que desarrollan la ley del referéndum otorgan al pueblo de Cataluña «una supuesta cualidad de sujeto político soberano de la que carece en el ordenamiento constitucional vigente», pretendiendo así «dinamitar el sistema de distribución de competencias» establecido en la Constitución.
«Los querellados aprobaron un decreto de convocatoria de referéndum utilizando la coartada de que estaba amparado por la denominada ley de referéndum de autodeterminación, con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaban un procedimiento ilegítimo», considera el fiscal.
Respecto al delito de desobediencia, el fiscal recuerda que los miembros del gobierno catalán han sido «especialmente advertidos» del deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional».
Se recuerda que no recibieron esa advertencia formal los consellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Clara Ponsatí, nombrados recientemente, pero que «conocían perfectamente que el TC había prohibido realizar actos tendentes a organizar el referéndum ilegal».
En la querella, de 45 páginas, el fiscal también subraya los «abundantes pronunciamientos del Tribunal Constitucional» respecto a la falta de competencias de Cataluña para convocar un referéndum, algo «de conocimiento indiscutible para todos aquellos que ostentan alguna responsabilidad pública dentro del Gobierno o del Parlamento catalán», apostilla.