Los trabajadores de Eulen han decidido este domingo en asamblea mantener la convocatoria de huelga indefinida de 24 horas a partir de mañana, lunes, en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona, al volver a rechazar en una votación la propuesta de mediación de la Generalitat.
Un total de 187 trabajadores de Eulen, de los casi 400 que componen la plantilla, han participado en la votación, que ha arrojado el siguiente resultado: 150 votos en contra de la propuesta -que preveía una subida de 200 euros mensuales en doce pagas-, 36 a favor y uno nulo, según datos facilitados por el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, al término del recuento.
El pasado jueves votaron 176 trabajadores -once menos que hoy- en la primera asamblea, en la que además de la propuesta de mediación también se valoraron otras tres que no habían sido consensuadas.
En esa ocasión, venció la propuesta de aumento salarial de 250 euros en 15 pagas, mientras que la oferta de la Generalitat solo obtuvo dos votos.
El Gobierno ya ha advertido de que está dispuesto a aprobar un laudo arbitral de obligado cumplimiento que determine las condiciones laborales de los trabajadores, mientras que, en paralelo, reforzará el despliegue de la Guardia Civil en el aeropuerto de El Prat después de varias semanas de colas de viajeros ante los mostradores y los controles de seguridad por las protestas laborales en Eulen.
La Delegación del Gobierno en Cataluña ha decretado unos servicios mínimos del 90 por ciento para la huelga, de cara a «garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales».
Tras conocerse estos resultados, el abogado del comité de huelga Leopoldo García Quinteiro ha acusado al Gobierno catalán de atribuirse una función de «arbitraje» que no le corresponde y ha denunciado la «arrogancia» del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, «absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático» al «amenazar» con el laudo arbitral.
A su juicio, «no se dan las condiciones» para un arbitraje obligatorio «mientras no se quiebren los servicios mínimos», fijados en un 90 %, que ha calificado de «abusivo».
En opinión del abogado, este arbitraje obligatorio se impondría en virtud de «una ley franquista» cuyo «vigor ha quedado claramente desautorizado por las sentencias del Tribunal Constitucional».
«La imposición del arbitraje obligatorio es una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga», ha denunciado.
García Quinteiro ha asegurado que los servicios mínimos «se van a cumplir», como «se han cumplido escrupulosamente» hasta ahora.
Además, ha advertido de que pretender «sustituir» a los trabajadores en huelga por agentes de la Guardia Civil «sería absolutamente ilegal» y ha negado que existan problemas de seguridad aeroportuaria.