El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejerce la acusación particular, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que abra juicio oral contra el expresidente de Bankia y exministro con el Partido Popular Rodrigo Rato -para quien solicita cinco años de prisión- y otros tres exaltos cargos porque ocultaron «de manera consciente» la situación de la entidad en su salida a Bolsa en 2011 y reclama que les indemnice por los procedimientos civiles instados por los inversores que perdieron dinero con el debut bursátil.
En el escrito de acusación remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacionals, el FROB señala además de Rato, al expresidente de Bankia José Luiz Olivas (para quien pide cuatro años de cárcel), al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al exconsejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses). Igualmente pide el archivo de la causa para el resto de exconsejeros, Bankia y Banco Financiero y de Ahorros (BFA).
Al igual que defiende el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el FROB expone que la excúpula del banco ocultó su «verdadera situación» con el fin de afrontar su futuro y obtener «a toda costa» los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital requeridas en aquel momento. Ello se tradujo en un perjuicio patrimonial ya que se ignoró la «capital circunstancia» de que BFA-Bankia iba a necesitar a medio plazo capital para corregir el deterioro de sus activos crediticios.
Respecto al folleto de salida a Bolsa de la entidad que recogía las cuentas trimestrales a fecha de marzo de 2011, el FROB reconoce que es cierto que los acusados informaron «de manera exhaustiva» de los factores de riesgo que conllevaba la oferta aunque entiende que la descripción del tríptico estaba más pensada para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que al inversor.
Riesgo extraordinaiamente superior
Los inversores minoristas asumieron un riesgo «extraordinariamente superior» al que conlleva una simple operación bursátil, según recoge el escrito presentado ante el magistrado Andreu, que el pasado mes de mayo dictó auto de procesamiento contra 32 personas físicas y dos jurídicas (Bankia y BFA) tras cinco años de instrucción de la causa.
«El problema de BANKIA residía en el aspecto clave de cualquier negocio: la rentabilidad, esto es, la incapacidad de la entidad para generar de manera recurrente beneficios de flujos de caja positivos con los que atender a sus acreedores y retribuir a sus accionistas de manera apropiada», añade el Fondo, representado por la Abogacía del Estado.
Reconoce que la contabilidad del Grupo no puede calificarse de materialmente falsa porque no se vulneró la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del Banco de España pero resalta que «no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente».
Tampoco pasa por alto que la entidad recibió ayudas públicas por valor de 22.400 millones de euros y recuerda que la operación de recapitalización llevada a cabo en 2012 consistió en una ampliación de capital en BFA por importe de 4.500 millones de euros que desembolsó el FROB.
Además se presenta como damnificado de la pérdida de patrimonio que ha sufrido Bankia por los procedimientos civiles de los inversores que reclamaron la devolución del dinero invertido en el debut bursátil y pide a los acusados que le indemnicen de manera conjunta y solidaria con la cantidad que se estipule.