La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) considera acreditado que el Partido Popular de Madrid financió ilegalmente las campañas de 2007, 2008 y 2011 y vincula con esas prácticas, entre otros, a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y a su predecesor, Ignacio González.
Estas conclusiones se recogen en dos informes aportados al sumario de la trama Púnica que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, fechados el 1 de marzo y relativos a esa posible financiación ilegal y a las relaciones de la Asamblea de Madrid y el grupo Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández.
En esos informes, que obran en el sumario, la UCO sostiene que «importantes gastos electorales» de las campañas de 2007 y 2008 e «indiciariamente» de las de 2011 se pagaron mediante «subvenciones públicas» de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Fundescam.
El juez Velasco señala como responsables al exconsejero de Presidencia y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados; al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam.
Pero también cita a otros cargos públicos vinculados al patronato de Fundescam, que habrían participado en contratos con «múltiples irregularidades penalmente relevantes» de los que se habrían beneficiado empresarios como Arturo González, que en 2007 ingresó 160.000 euros en las cuentas de Fundescam.
En su informe, la UCO cita en concreto a Francisco Granados, a quien considera posible responsable de delitos de cohecho y de prevaricación y sobre quien hace un informe específico.
Argumenta que Cifuentes fue al mismo tiempo patrona de Fundescam, dirigente del PP de Madrid y de sus comités de campaña y miembro del comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011, que consiguió la empresa Grupo Cantoblanco, asunto en el que fue presidenta de la mesa de contratación en esas licitaciones.
Una actuación «contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación», a juicio de la UCO.
La Guardia Civil recuerda que Cifuentes pertenecía al Patronato de Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario y que fueron destinados a sufragar gastos de campaña, cuando ella pertenecía al comité regional de campaña del PP.
En el caso de Ignacio González -en prisión por el caso Lezo, en el que el mismo juez Velasco también investiga la financiación del PP-, la UCO le señala como firmante de una subvención a Fundescam cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y patrono de la fundación, además de director de la campaña del PP de Madrid a las elecciones de 2007.
Una campaña en la que, según recuerda la UCO, «los sobrecostes en que incurrió el PP de Madrid fueron extraordinariamente relevantes y muy superiores a los legalmente establecidos, llegando a superar el límite legal establecido en varios millones de euros».
Según los investigadores, Ignacio González -que dimitió de Fundescam tras aprobar la subvención- «sería conocedor del abono de gastos electorales mediante subvenciones públicas a través de la facturación falseada que validaron ante la Cámara de Cuentas Beltrán Gutiérrez e Ignacio Echevarría».
Lo considera «participe privilegiado» en los hechos, pues «no en vano se encontraba donde se promueve y paga la subvención (Comunidad de Madrid), donde se justifica (Fundescam) el gasto de la subvención y donde se materializa realmente el gasto (como jefe de campaña)».
En este caso, se trataba de una subvención de más de 195.700 euros para «difundir a los ciudadanos el conocimiento del sistema democrático, la realidad sociocultural y política» de la Comunidad de Madrid y fomentar la participación ciudadana «en actos de naturaleza política y sociocultural».
La UCO considera llamativo que González dimitiera como patrono de Fundescam solo semanas antes de que tuviera que rendir cuentas del año 2007.
Y ha comprobado que las facturas emitidas por Fundescam para justificar el dinero de la subvención coinciden con los importes y empresas que contabilizó Beltrán Gutiérrez como gastos electorales del PP de Madrid.
Los investigadores han detectado que «la inmensa mayoría de los gastos abonados desde la cuenta corriente de Fundescam en el año 2007 tendrían como finalidad abonar gastos electorales del PP de Madrid».
Al menos se habrían pagado 209.985,45 euros que se corresponderían con gastos electorales abonados directamente por la citada Fundación y otros 240.000 euros por empresas que también resulta ser proveedores del Partido Popular en la campana electoral del año 2007 y que enmascararon esos gastos mediante financiación interpuesta. Es decir, 449.985,45 euros de esa campaña se pagaron de manera directa o indirecta desde Fundescam.