El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
La iniciativa ha salido adelante con la única abstención del PP y ERC, que han cambiado su voto de hace dos meses cuando el mismo asunto se votó en la Comisión Constitucional. Entonces los independentistas lo apoyaron y el PP votó en contra.
Cuanto la iniciativa se debatió en la sesión plenaria del martes, Unidos Podemos y ERC supeditaron su respaldo a que se aceptaran sus enmiendas, pero finalmente el PSOE decidió someter a votación su texto original forzando a todos a retratarse. Al final, Unidos Podemos ha decidido votar sí «por responsabilidad», aunque considera insuficiente la propuesta socialista, a la que también ha dado un apoyo crítico PDeCAT y el PNV.
Sin embargo, ERC ha optado por abstenerse para no legitimar lo que su portavoz, Joan Tardà, ha definido como un «monumento al cinismo», dado que los socialistas proponen ahora lo que rechazaron en 2007 cuando se tramitó la Ley de Memoria y lo propuso la oposición.
Por su parte, el PP había pedido que la iniciativa se votara punto por punto porque estaba dispuesto a apoyar algunos como la creación de un censo de infraestructuras construidas por condenados a trabajos forzados. Pero el PSOE ha preferido que se votara todo de una tacada y al final el PP se ha abstenido, aunque el martes acusó al PSOE de haber roto un acuerdo para no usar estos temas de forma partidista y de buscar «sólo un titular».
El portavoz socialista en el Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la proposición y, aunque ha admitido que no tiene valor jurídico, ha recalcado que el Gobierno debe cumplir el mandato político que le ha dado el Congreso.
En la misma línea, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, ha subrayado que el Ejecutivo no puede mantenerse ajeno a la «presión de la oposición», debe cumplir la Ley de Memoria e iniciar gestiones para exhumar a Franco. A la familia del dictador le ha recomendando que «vaya pensando» dónde ubicar sus retos.
Ayudas a organizaciones fascistas
En concreto, el texto aprobado por el Pleno insta al Gobierno a poner en práctica las recomendaciones del grupo de expertos que, en 2011, planteó sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco para poder «resignificar» este espacio, de forma que deje de ser un lugar de «memoria franquista y nacional católica» y se convierta en un espacio para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática, que sirva para dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
En esta línea, la Cámara aboga también, siguiendo el criterio de los expertos, por exhumar el cadáver José Antonio Primo de Rivera fundador de Falange aunque en su caso bastaría con sacarlos del altar mayor de la basílica y trasladarlo a un lugar «no preeminente» del templo situado junto a El Escorial.
Otra de las propuestas aprobadas es excluir todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco, su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas.
Nulidad de las condenas
La proposición también urge a la creación de una Comisión de la Verdad, como ha recomendado Naciones Unidas, para determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, sobre todo las desapariciones forzadas.
El Congreso también quiere que se estudie la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana y reclama establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las del franquismo, así como fomentar incluir la memoria histórica en los contenidos educativos.
Para revitalizar la Ley de Memoria, exigen reanudar las políticas públicas en esta materia con su correspondiente dotación económica, volver a expedir declaraciones de reparación a las víctimas y constatar, en su caso, la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos del franquismo.
Fosas y bancos de ADN
También reclama al Gobierno que asuma, en colaboración con el resto de administraciones y asociaciones, las actuaciones necesarias para localizar y exhumar fosas comunes y dar un entierro digno a sus ocupantes. En este punto, defiende la creación urgente de Bancos de ADN, teniendo en cuenta la avanzada edad de los familiares de los desaparecidos.
La retirada de símbolos y monumentos franquistas, la apertura de todos los archivos institucionales con información sobre la represión y un censo de las infraestructuras y obras realizadas por los represaliados sometidos a trabajos forzados donde deben colocarse placas en su honor, también figuran en la iniciativa aprobada.
El texto se completa con una propuesta para ampliar los colectivos que, invocando la Ley de Memoria pueden solicitar la nacionalidad española, para que se incluya en concreto a las descendientes de mujeres españolas (hasta 1978 las madres no transmitían la nacionalidad), los descendientes de varones que tuvieron que renunciar a su nacionalidad antes del nacimiento de sus hijos, y los hijos mayores de edad que quienes han adquirido la nacionalidad gracia a esta norma, que sólo lo contemplaba para los menores.