El presidente del Congreso, Patxi López, ha concluido que debe ser el Tribunal Constitucional (TC) el que resuelva si un Gobierno en funciones puede ser sometido a control parlamentario, a la vista de la discrepancia abierta entre el Ejecutivo del PP, que desecha tal posibilidad, y toda la oposición, que domina el Congreso.
López recibió este viernes en su despacho al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y, tras una reunión de menos de media hora, se confirmó que las posiciones no han cambiado y que las espadas siguen en alto.
Y siguen así pese a que el presidente de la Cámara ha explicado a Ayllón que el control que ejercería el Congreso sobre el Ejecutivo «no sobrepasaría» las responsabilidades de un gobierno en funciones, que están limitadas por ley.
De hecho, le ha dejado claro que la Mesa del Congreso, desde la constitución de las Cortes, sólo ha procedido a calificar las iniciativas de los grupos parlamentarios que se ajustan estrictamente a esas normas. Es decir, que tienen que ver con peticiones de comparecencia para que informe a la Cámara sobre decisiones adoptadas durante su gestión interina.
NO HAY PUNTO INTERMEDIO POSIBLE
Y le ha asegurado que la intención del órgano de gobierno del Congreso es continuar con «el mismo criterio» con las preguntas de control al Ejecutivo. «Sabemos que no se puede preguntar al Gobierno por decisiones adoptadas antes del 20 de diciembre o por las que puede adoptar en un futuro», ha precisado.
Pese a este planteamiento, la tercera autoridad del Estado ha lamentado que el Gobierno siga en sus trece, una postura ante la que considera que ya no cabe ninguna negociación porque no parece que el Gobierno vaya a recapacitar. «Ante esto, *qué punto intermedio hay?», ha planteado López, antes de apuntar que «una cosa es ser incansable en el diálogo y otra, marear la perdiz».
Así las cosas, el presidente de la Cámara ha dicho que debe ser el Tribunal Constitucional el que resuelva y sentencie, no sólo para este momento actual en el Congreso, sino para futuras legislaturas y para otros parlamentos. «Seguimos con la diferencia de criterios que supone el conflicto y creo que sería bueno que el TC aclarase esta duda» y, con ello, se generara un precedente, ha señalado.
Sobre todo porque el presidente de la Cámara sigue pensando que el Gobierno está «obligado» a informar al Congreso si así se lo solicitan los grupos. De hecho, se ha preguntado por qué, si ya lo ha hecho en dos ocasiones con las comparecencias del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y del secretario de Estado de la UE, Fernando Eguidazu, a partir de ahora no lo va a hacer.
LA ARBITRARIEDAD DEL GOBIERNO «NO ES DE RECIBO»
«¿A qué se debe el cambio de criterio? ¿Por qué una veces sí y otras no? ¿Es el Gobierno el que decide sobre lo que informar a la Cámara Baja?», se ha preguntado el exlehendakari, incidiendo en que «esa arbitrariedad no es de recibo».
Es más, no sólo ha defendido que es el Constitucional el que debe dirimir este asunto sino que cree que sería «bueno» incluso que fuera el propio Gobierno quien acudiera al Alto Tribunal. En todo caso, ha confirmado que varios grupos de la oposición, entre ellos el PSOE, preparan iniciativas para recurrir desde la Cámara. En la Junta de Portavoces prevista para el próximo día 29 se decidirá la fecha de este debate y, en consecuencia, el inicio del proceso.
Preguntado sobre si tener que acudir al TC para resolver este conflicto institucional supone un fracaso de la política, López ha negado la mayor. Según ha dicho, el Constitucional está para dirimir si hay diferencias de criterios entre instituciones del Estado por ser «el máximo intérprete» de la Constitución. «No me parece un fracaso de la política; es más, me parece razonable», ha apostillado.