La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense ha decidido citar en calidad de investigados por un delito de cohecho al presidente de la Diputación de Ourense y del PP en esta provincia, José Manuel Baltar, y a la mujer que lo denunció por supuestamente haberle ofrecido trabajo a cambio de mantener relaciones sexuales.
La mujer estaba citada para declarar como perjudicada, pero el juzgado ha notificado este mismo jueves un auto en el que deja sin efecto esta citación y la llama tanto a ella como a Baltar para el día 10 de marzo en calidad de investigados -la nueva denominación de imputados-, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La denunciante está citada para ese día a las 10.00 horas y el político del PP para las 12.00 horas.
A mediados del pasado mes de octubre, la mujer había denunciado ante la Fiscalía que el ahora presidente de la Diputación de Ourense le ofreció en el año 2010 «una plaza fija» en la institución provincial, que entonces aún dirigía su padre, José Luis Baltar, «o incluso en otro lugar», a cambio de sexo.
La Fiscalía Provincial de Ourense decretó el archivo de las diligencias de investigación penal, pero la mujer había decidido presentar una nueva denuncia ante el juzgado de guardia de Ourense por un supuesto delito de acoso sexual.
Sin embargo, tras el estudio de la denuncia y de las grabaciones aportadas a la causa, la jueza entiende que no queda acreditada, «sin perjuicio de una ulterior comprobación», la existencia de una relación laboral, docente o de prestación de servicios entre ambos en el momento de la relación sexual, lo que en su opinión excluye, «en principio, el tipo del artículo 184 del Código Penal», es decir, la existencia de acoso sexual.
Cohecho e indicios de tráfico de influencias
Por contra, sostiene en el auto que sí puede existir un delito de cohecho del artículo 419, y ello sin perjuicio «de la calificación como delito de tráfico de influencias dada la relación personal» del investigado con el presidente de la Diputación en el momento de los hechos, su propio padre, que, según apunta la jueza, «también se compromete a proporcionarle un trabajo».
Considera la jueza que esta situación «exige atender a la conducta punible del particular que entrega retribución a autoridad o funcionario público para realizar un acto contrario a los deberes del cargo, que se concretaría en un nombramiento prescindiendo de las disposiciones legales que lo regulan».
La instructora del caso también estima que es preciso atender a la actuación de un «particular que influye en funcionario público o autoridad prevaliéndose de una situación derivada de su relación personal con éste (artículo 429 del Código Penal) para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico».
A mediados del pasado mes de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense admitió a trámite la denuncia de la mujer, a la que citó a declarar, y solicitó a la Fiscalía la copia de unas grabaciones aportadas en su denuncia previa ante el Ministerio Público. La denunciante había aportado a la causa una serie de mensajes telefónicos y grabaciones de conversaciones con Baltar.
Frente a esas acusaciones, el político del PP se ha limitado durante estos meses a afirmar que adoptaría una respuesta judicial y que buscaría «la contundencia de la ley». El caso acabó derivando en que los cuatro miembros que integraban el Comité de Etica de la Diputación de Ourense presentasen su dimisión a finales del mes de noviembre y en su acta argumentaron que Baltar remitió una respuesta con la que «defendiéndose, no admite, pero tampoco niega, la realidad de los hechos».
Archivada en Fiscalía
La primera denuncia presentada por la mujer fue analizada por el fiscal jefe en Ourense, Florentino Delgado, quien determinó que «no existía» en las pruebas aportadas «expresión o manifestación meridianamente clara sobre la vinculación entre una supuesta relación sexual con la promesa de trabajo por parte del denunciado».
De su análisis sí infirió que «existía una relación de tipo personal entre la denunciante y Baltar Blanco», pero no encontró «indicio alguno sobre el supuesto trato que vinculara directamente la presunta relación sexual con la concesión de un puesto de trabajo». Al respecto, agregó que la contratación de la denunciante no llegó a producirse.
Respecto a la posible existencia de conductas contra la libertad sexual, el fiscal señaló al archivar la denuncia que la mujer es mayor de edad y con plena capacidad, y que según sus propias declaraciones, «no medió uso de fuerza o intimidación».
Finalmente, sobre los supuestos delitos de cohecho y abuso en el ejercicio de la función pública, el fiscal descartó este extremo argumentando que se trata de tipos delictivos que «no pueden darse en quien no es autoridad», y que los supuestos hechos denunciados se habrían producido dos años antes de que Baltar Blanco fuera nombrado presidente de la Diputación.
En concreto, la mujer denunció que el político del PP le ofreció en el año 2010 «una plaza fija» en la institución provincial. Baltar Blanco empezó a presidir la Diputación en febrero de 2012, tras la dimisión de su padre, al cual ya había sucedido al frente del PP de la provincia de Ourense, en enero de 2010.