Ha habido que esperar hasta la décima para cerrar una legislatura sin muertos por terrorismo. La primera de la democracia en la que ningún grupo ha arrebatado vidas en España, pero cuatro años en los que la lucha de las fuerzas de seguridad no ha cesado, como muestra la detención de 339 presuntos terroristas.
Dos meses antes de que diera comienzo la legislatura -el 13 de diciembre de 2011-, la banda terrorista ETA declaró el fin de la violencia, aunque hacía ya más de dos años que la organización no mataba en España.
Sin abandonar la lucha contra ETA, derrotada y descabezada, las fuerzas de seguridad han centrado sus esfuerzos en esta legislatura en combatir el terrorismo internacional, sobre todo el yihadista.
Los resultados, según el Ministerio del Interior, arrojan en estos últimos cuatro años 161 presuntos etarras arrestados tanto en España como en otros países, 159 detenidos relacionados con el terrorismo yihadista y otros 19 de otros grupos de carácter internacional.
Al frente del Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz lanzó apenas cinco meses después de formarse el Gobierno un plan integral de reinserción de presos terroristas, aún en marcha, y tuvo que capear el temporal que levantó la concesión del tercer grado, en agosto de 2012, y luego la libertad condicional, al etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, condenado a más de 200 años.
Una decisión tomada por el cáncer terminal que padecía el preso y que abrió una brecha entre el Gobierno y las víctimas del terrorismo, pero que Fernández Díaz explicó así: «No gobernamos con los sentimientos, gobernamos con la ley (...) Aunque nos duela haber tenido que tomar esta iniciativa, si no la hubiéramos tomado hubiéramos recaído en prevaricación».
Bolinaga murió el 16 de enero de 2015, casi dos años y medio después de su excarcelación. Un periodo en el que el Gobierno tuvo que acatar, aún a su pesar, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de poner fin a la denominada doctrina Parot.
Nacida en 2006, esta doctrina establecía que las redenciones de penas por beneficios penitenciarios debían descontarse de cada una de las condenas impuestas, no del tiempo máximo del cumplimiento, de tal forma que en la práctica se alargaba el tiempo en prisión.
Pero el TEDH la derogó y 63 etarras, muchos de ellos considerados de los más sangrientos, fueron excarcelados. La brecha entre víctimas y Gobierno se abrió aún más, hasta el punto que la AVT sacó a la calle a miles de manifestantes.
Durango (Vizcaya) fue el escenario de una «foto de familia» de los excarcelados en enero de 2014. La polémica se fue apagando poco a poco mientras se fueron asestando sucesivos golpes a los aparatos aún vivos de ETA, como el logístico o el de cárceles, hasta la caída, el pasado 22 de septiembre, de su cúpula, cuando la Guardia Civil dio la puntilla a una banda moribunda.
Lo que queda de ETA, se ha cansado de decir Fernández Díaz, cabe un «microbús» sin conductor. Queda por saber si la banda hará algún gesto -no parece probable que sea antes de las elecciones- y entregará parte o todo su arsenal.
Con el terrorismo doméstico debilitado, los servicios de Información de Policía y Guardia Civil centran sus esfuerzos en combatir el yihadista, en una lucha en la que también se han involucrado las fuerzas políticas con la aprobación en las Cortes de una reforma -plasmada en un pacto antiyihadista- para adaptar la legislación penal a estas nueva amenaza.
Y aunque España, que en 2004 sufrió el mayor atentado de Europa de corte yihadista, no ha sido escenario de ninguna acción violenta de estos grupos en estos cuatro años, sí ha incrementado la alerta antiterrorista hasta el 4 (hay un total de 5) después de los atentados que sufrieron Francia, Túnez o Kuwait, entre otros.
Son ya más de 130 las personas procedentes de España que han viajado a Siria o Irak para luchar con el Daesh o Estado Islámico, y aunque la cifra de desplazados es más baja que la otros países de nuestro entorno, preocupa especialmente a Interior la captación de adeptos a esta causa, sobre todo a través de Internet, y ha elaborado un plan integral contra la radicalización.
Del lado de las víctimas, éstas han tenido un protagonismo especial en esta legislatura. Fue el primer colectivo al que el Rey Felipe VI quiso recibir después de su coronación.
Naciones Unidas ha podido escuchar recientemente su voz en el Consejo de Seguridad y, tras una larga negociación, contarán próximamente con un Centro Memorial en Vitoria con subsede en Madrid.