La presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado ha despertado críticas de la mayor parte de gobiernos autonómicos o de los partidos que los sustentan, que denuncian «castigo», «maltrato» o «venganza» del Ejecutivo a aquellas comunidades que no están en manos del PP.
Las inversiones reales del Ejecutivo en 2016 bajarán en ocho comunidades y subirán en nueve respecto a 2015. Además, todas las comunidades verán incrementada su financiación debido a la mejora de la previsión de ingresos y, sobre todo, a la devolución por parte del Gobierno de casi 7.000 millones de la liquidación de 2014.
Sin embargo, las autonomías que no gobierna el PP han recibido con quejas el proyecto, e incluso alguna en las que sí lo hace, como Castilla y León, ha manifestado que será exigente a la hora de reclamar inversiones.
La crítica más severa ha salido de Catalunya, a pesar del incremento del 10 % en las inversiones previstas, pues el presidente de la Generalitat, Artur Mas, cree que los presupuestos evidencian el «desprecio sistemático» del Gobierno español hacia la población y la economía catalanas.
La Generalitat cuestiona que las inversiones en Catalunya sean el 10,7 % del total del Estado cuando su economía supone un 19 % del conjunto español y su población un 16 % del total.
Tampoco le han gustado las cuentas del Estado al Gobierno valenciano, cuyo presidente, Ximo Puig, considera que, pese a que se incrementan un 12 % las inversiones, consignan a su comunidad poco más de la mitad de lo que le corresponde. Salvo el PP, el resto de los partidos valencianos considera que los presupuestos discriminan y maltratan a la región.
Otro gobierno que ha cambiado de color es el de Castilla-La Mancha, donde el PSOE tacha de «desastre» los presupuestos y critica que la mayor inversión que se vaya a realizar sea el almacén de residuos nucleares (ATC), al que se opone el Ejecutivo regional.
En Aragón, el Gobierno del socialista Javier Lambán estudiará incluso recurrir el proyecto al no haber sido consultado, como determina el Estatuto aragonés. Todos los partidos de esa comunidad salvo el PP han criticado las cuentas, «mentirosas y electoralistas» para el PSOE.
También han sido generalizadas las críticas a las cuentas públicas en Balears, donde el PSOE ve un castigo «deliberado» a las islas, que quedan a la cola en inversión per cápita.
Como un «castigo» a Cantabria y «una venganza» por el cambio de gobierno interpreta la vicepresidenta del Ejecutivo cántabro, Eva Díez Tezanos, la asignación presupuestaria a esa autonomía, mientras el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, lamenta que los presupuestos reduzcan la inversión en su comunidad y además supriman el pago a cuenta de la deuda histórica.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido ya de que en esas cuentas «no se cumple ni de cerca» el Régimen Económico y Fiscal (REF), en tanto que su partido, Coalición Canaria, cree que hay motivos suficientes para presentar una enmienda a la totalidad.
Para los socialistas andaluces, los presupuestos «castigan, maltratan y discriminan» a esa comunidad autónoma, una en las que las inversiones bajan respecto a 2015, si bien sigue siendo la que más recibirá.
En el caso de Asturias, el PSOE ha cargado contra el «acoso» a la minería y contra una «sequía inversora» que impedirá que el AVE llegue a ese territorio tampoco en 2016.
A la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, tampoco le ha gustado el proyecto, a su juicio un «castigo» a Navarra, donde solo se invertirán 106 millones de euros, gran parte de ellos para pagar la parte de obra del TAV cuya financiación ya ha suido adelantada por la Comunidad foral.
Entre las comunidades del PP, sólo el presidente popular de La Rioja y expresidente regional, Pedro Sanz, ha alabado las cuentas del Estado y ha mostrado su «orgullo» por el respaldo que se da a su comunidad autónoma.
El portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido el proyecto, pero ha manifestado que su partido será «exigente» a la hora de reclamar inversiones, un mensaje que comparte el Gobierno de Murcia, la comunidad en la que más se ha reducido la inversión del Estado para 2016.