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El PP tumba una propuesta para revisar el sistema de financiación autonómica

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, conversa con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo (i), y el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, poco antes de que comenzara la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja. | Efe

| Madrid |

El PP se ha quedado solo este miércoles en el Congreso rechazando una moción del PSOE en la que instaba al Gobierno a impulsar con carácter urgente la revisión del sistema de financiación autonómica con el objetivo de corregir los déficits de financiación y garantizar los principios de coordinación y solidaridad y la prestación de servicios públicos en todos los territorios en condiciones de igualdad.

La moción, que se ha votado en el Pleno del Congreso y ha recibido el apoyo de la mayoría de la oposición, era consecuencia de la interpelación sobre el particular que los socialistas dirigieron hace dos semanas al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

En su texto, los socialistas solicitaban que mientras concluía la revisión del actual sistema de financiación, se activaran anticipos a cuenta de recursos adicionales para que las comunidades autónomas pudieran afrontar urgentemente sus necesidades de financiación.

Asimismo, el primer partido de la oposición abogaba por reequilibrar el reparto de los objetivos de déficits entre administraciones para 2016, de forma que la Administración Central del Estado asumiera «un mayor esfuerzo de ajuste» que pudiera ser compensado «con un mayor margen a las comunidades autónomas para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales».

Devolver las competencias a los ayuntamientos

El texto que ha sido rechazado por el grupo mayoritario también reclama al Gobierno «la devolución urgente» a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de servicios sociales de promoción y reinserción social, así como en salud, consumo, igualdad y políticas de empleo.

Los socialistas demandaban que éstas y otras materias que, con la aprobación de la reforma de la Administración Local salieron de la competencia municipal, volvieran a los ayuntamientos por ser las administraciones más cercanas al ciudadano y estar facultadas para hacer una «intervención efectiva ante situaciones reales o potenciales de exclusión social».

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