Felipe VI ha revocado el derecho que tenía la infanta Cristina para usar el título de Duquesa de Palma, ha anunciado este jueves la Casa del Rey.
La decisión se concreta en un Real Decreto, firmado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el propio Monarca, que ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La hermana del Rey era duquesa desde el año 1997, por decisión de su padre, el entonces Rey Juan Carlos I.
La Casa Real ha anticipado la publicación de la norma, fechada en este jueves, sin dar más explicaciones sobre los motivos de la decisión adoptada por el Monarca.
En su título, el decreto que aparece en el BOE, muy breve, se especifica que su número es el 470/2015 y que mediante él «se revoca la atribución a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca».
El texto dice que don Felipe adopta la decisión «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes».
Y añade que el jefe del Estado, al amparo de esta ley, ha resuelto «revocar la atribución a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca, que le fue conferida mediante Real Decreto 1502/1997, de 26 de septiembre».
Antes de la firma del Rey y del presidente Rajoy, aparece la expresión «Así lo dispongo por el presente Real Decreto».
Iñaki ya no será duque
A partir de la publicación del decreto, la hermana menor de Felipe VI ya no podrá utilizar el título, como tampoco su marido, Iñaki Urdangarin, que disfrutaba de la condición de duque de Palma de Mallorca.
Después de meses de especulaciones sobre si doña Cristina iba a renunciar a este título, que le confirió su padre en 1997, o a sus derechos dinásticos, finalmente ha sido su hermano, casi un año después de su proclamación como Rey, quien ha firmado un Real Decreto, que publicará este viernes el BOE, en el que se la despoja del ducado.
La última decisión judicial que afectó a la infanta Cristina tuvo lugar el pasado 22 de diciembre, ya bajo el reinado de Felipe VI, cuando el juez Castro dictó un auto de apertura de juicio oral en el que establecía que la hermana pequeña del Monarca será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.
La infanta Cristina está pendiente de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, fije la fecha para iniciar el juicio contra ella como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente 'pantalla' de la que ambos son propietarios.
La Audiencia de Palma se encuentra pendiente de fijar la fecha de celebración del juicio tras la decisión de hace seis meses --del 22 de diciembre-- de abrir juicio oral contra la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, adoptada por el juez Castro, encargado estos últimos años de instruir las pesquisas en torno al presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través de la trama urdida en torno al Instituto Nóos.
El juez Castro considera a la Infanta Cristina cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, por los que la acusación particular, Manos Limpias, pide una pena para ella de ocho años de prisión, cuatro por cada uno de los delitos. Hasta un total de 18 acusados están pendientes de ser juzgados en esta causa.
Castro, que fijó una fianza para Cristina de casi 2,7 millones de euros, apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.
Para justificar su petición de ocho años de cárcel, Manos Limpias considera que la Duquesa incurrió en una agravante, y fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.
De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas. Mediante esta trama ambos se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
Según el sindicato, la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin «nunca hubiera podido tener lugar» sin la «necesaria intervención» de Cristina de Borbón, de ahí que sea considerada cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública en que incurrió su esposo.
«La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma», abunda la entidad en su escrito de acusación, en el que reclama además que la Duquesa haga frente a multas que ascienden a 2.022.861 euros.
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