País Vasco, Navarra, Castilla y León y Madrid son las comunidades autónomas que se sitúan a la cabeza en políticas y resultados educativos, mientras que Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana cierran la estadística.
Según el 'Ranking de Excelencia Educativa' de Profesionales por la Ética, en el quinto puesto, se encuentra Asturias, seguida de Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Cataluña, Andalucía, Extremadura y, aquí sí, el archipiélago balear, que de esta forma se encuadra en la parte media-baja de la clasificación, siendo el quinto territorio por la cola.
«Esta iniciativa con datos absolutamente independientes y objetivos tiene como fin estimular las políticas educativas hacia la verdadera excelencia», ha afirmado el coordinador del informe, Miguel Gómez Agüero, durante la presentación en Madrid, a la que ha asistido el presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez.
Este documento, realizado a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, analiza 58 indicadores, organizados en nueve áreas: escolarización, graduación, idoneidad, abandono educativo temprano, centros de iniciativa social, gasto educativo, ratios, recursos informáticos y complementos y eficiencia en el gasto educativo.
En cuanto a la tasa de escolarización, el trabajo señala que existe un crecimiento generalizado respecto a la última edición de 2011, y los autores colocan a Baleares en el último lugar.
Respecto a las tasas brutas de graduación -ESO, Bachillerato, Universidad y estudios postobligatorios-, existe una mejora en todas las etapas educativas respecto al documento de 2011 y destacan País Vasco, Madrid, Cantabria y Asturias frente a Castilla-La Mancha, Baleares y Comunidad Valenciana.
En cuanto al abandono educativo temprano, existe una «brecha muy significativa». Algunas presentan tasas por debajo del 10 por ciento, y otras, como Balears, siguen cerca del 30 por ciento.
Pacto educativo
El documento concluye con seis propuestas para elevar al Gobierno: un pacto nacional por la excelencia educativa en el que participen padres, profesores, centros, entidades sociales y Administración; y la promoción de un 'modelo de excelencia educativa', alineado con los objetivos de la Unión Europea y basado en las mejores prácticas de las comunidades autónomas.
Asimismo, promueve dotar a las consejerías autonómicas de presupuestos «crecientes» y velar por la eficiencia de los mismos; más proyectos de 'iniciativa social' y facilitar la libre elección de centro escolar a los padres; fomentar la responsabilidad de las familias; y elaborar un programa dirigido a «potenciar» la figura del profesor, su formación, liderazgo y autoridad.