La petición de la Fiscalía Anticorrupción de penas para los imputados en la «primera época» de la trama Gürtel ha puesto en la recta final una instrucción judicial que se inició hace seis años y que sentará en el banquillo a 42 del centenar de acusados en esta trama de corrupción.
Por esta pieza judicial, en la que se ha investigado las actividades de Gürtel entre los años 1999 a 2005, serán juzgados como principales imputados el líder de la trama, Francisco Correa; tres extesoreros del PP -Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta- y los exalcaldes populares como Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.
La Fiscalía ha pedido 42 años y medio de cárcel para Bárcenas, 109 años y diez meses para Correa, así como 8 años para Sanchís y 3 para Lapuerta.
A lo largo de la investigación judicial, el caso se ha cobrado la dimisión en 2014 de la exministra de Sanidad Ana Mato, después de que el juez instructor Pablo Ruz considerase que pudo beneficiarse de los regalos de la trama Gürtel que presuntamente recibió su exmarido Sepúlveda.
La instrucción del caso Gürtel, que acumula ya más de un centenar de imputados, está dividida en una pieza principal y dos piezas separadas, una de ellas la de los papeles de Bárcenas y otra la que afecta a los primeros imputados a los que el juez ha mandado a juicio.
Esta pieza se corresponde con la «primera época» del caso Gürtel, que va de 1999 a 2005, y pone fin a una parte de la instrucción que se inició hace cinco años y cinco meses y que sentará en el banquillo a 42 del centenar de imputados en esta trama de corrupción en el entorno del PP.
Con el cierre de pieza separada el pasado mes de noviembre, Ruz puso fin a la investigación judicial de los seis primeros años de actuación de la trama.
El caso Gürtel (correa en alemán, en alusión al cerebro de la trama) comenzó a instruirse en febrero de 2009 de la mano del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, un caso que le costó un año después su carrera en la judicatura al ser inhabilitado durante once años por el Supremo por las escuchas que permitió de las conversaciones entre los imputados y sus abogados cuando se encontraban en prisión.
Un mes después de que Garzón comenzara a instruir este caso, lo tuvo que remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al hallar indicios de delito contra los diputados regionales Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamin Martín Vasco, que entonces abandonaron el grupo parlamentario popular en la Asamblea, aunque conservaron su escaño.
El 30 de julio de 2009, el instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de la parte de la causa en la que se investigaba la entrega de regalos por parte de miembros de la trama a altos cargos del Gobierno valenciano, entre ellos su presidente, Francisco Camps.
El caso Gürtel también ha pasado por el Tribunal Supremo, que el 24 de junio de 2009 se declaró competente para investigar a los entonces parlamentarios del PP Luis Bárcenas (senador) y Jesús Merino (diputado) y el 18 de mayo de 2010 devolvió la causa al TSJM al haber renunciado éstos a su escaño.
Este cambio de tribunal favoreció a Bárcenas que, junto a su mujer, Rosalía Iglesias, quedó fuera de la causa al entender el juez Pedreira que no había pruebas contra el matrimonio.
Sin embargo, el 8 de junio de 2010, el TSJM remitía de nuevo la causa a la Audiencia Nacional una vez que los tres diputados a la Asamblea de Madrid que figuraban como imputados en la causa -López Viejo, Bosch y Martín Vasco- renunciaron a su escaño poco antes de celebrarse las últimas elecciones autonómicas el 22 de mayo.
Entretanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana culminaba la celebración del primer juicio del caso Gürtel, conocido como el de «los trajes», en el que un jurado popular declaró no culpables a Francisco Camps, y al ex secretario regional del PP Ricardo Costa.
Los otros dos acusados en esta causa -el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret- reconocieron que aceptaron «dádivas» de la trama para no sentarse en el banquillo y fueron condenados a sendas multas de 9.600 euros por cohecho pasivo impropio.
Una vez en manos del juez Pablo Ruz, la situación procesal de Bárcenas daba un vuelco el 15 de marzo de 2012 al anular la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el archivo de la causa con respecto al extesorero, que a partir de ese momento volvía a estar imputado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Y el propio Bárcenas dio origen a otra pieza separada, que es la de sus famosos papales sobre la supuesta contabilidad B del PP.