El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que requiera a Mapfre la fianza de 16 millones de euros que le impuso por el escándalo de las tarjetas opacas, algo que ha rechazado hoy el magistrado.
Fuentes jurídicas han informado de que el pasado viernes, el exbanquero presentó un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 4, en el que adjuntaba la póliza que en su día suscribió Caja Madrid con la aseguradora, para hacerle esta solicitud.
Sin embargo, Andreu ha dictado hoy una providencia en la que se niega a requerir a la compañía esa cantidad y se remite a lo que ya dictó el pasado jueves, cuando le emplazó a prestar esta fianza antes del próximo miércoles por su responsabilidad en el caso de las tarjetas opacas, o de lo contrario procedería a ordenar el embargo de sus bienes.
La defensa de Blesa, que sí que reunió 2,5 millones para poder salir de prisión en mayo de 2013, presentó este escrito el mismo día en el que se conoció que el expresidente de Caja Madrid daba por imposible alcanzar esa cifra con su patrimonio.
Además, el exbanquero tiene la intención de recurrir el auto del magistrado antes de que finalice el plazo, al igual que su sucesor, Rodrigo Rato, en cuyo caso el juez estableció una fianza de tres millones.
No obstante, la interposición de recursos no paraliza en ningún caso el plazo que les dio para iniciar el embargo, que comenzará con una averiguación patrimonial en la que el juez pedirá a los registros de bienes inmuebles, mercantil y de la propiedad, así como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria todos los bienes de los que dispone.
Con el listado completo, librará un oficio de embargo y se comenzará por aquello que más facilidad de cobro presente, como una cuenta bancaria, acciones u otros títulos financieros, para dar paso después al patrimonio inmueble o sueldos, salarios y pensiones.
En el caso de que tuviera que embargar propiedades como pisos, emitirá una nota simple al registro para comprobar que no pesa ninguna carga sobre él.
Según el auto por el que ordenó esta medida, los dos «consintieron» y «propiciaron» el uso indebido de fondos de la entidad mediante este sistema de tarjetas opacas cuyos gastos se contabilizaron de forma encubierta para «evitar» los controles tanto de los auditores como de los órganos supervisores.