La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al embargo de los bienes por valor de 24.945 millones del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y su equipo, al considerar que la entidad tiene la solvencia suficiente para afrontar esa cuantía si llegara a declararse algún tipo de responsabilidad en el caso.
Fuentes jurídicas han informado de que el fiscal sí se ha mostrado a favor de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admita la querella que interpuso IU contra Rato y otros 31 exconsejeros de Bankia el pasado abril.
No obstante, el fiscal considera que la formación debe ejercer la acusación popular bajo la misma representación que UPyD, por lo que no deberá prestar fianza.
En su querella, IU acusaba a los imputados de estafa en la fusión y salida a bolsa de la entidad y en la emisión de participaciones preferentes, con las que intentaron «ocultar» su situación de insolvencia.
IU pedía como medidas cautelares el embargo de bienes por esta cantidad, el equivalente a lo que percibió la entidad al ser rescatada en mayo de 2012.
También pedía el embargo de los bienes de los exconsejeros que provenían de Caja Madrid -como el representante de IU José Antonio Moral Santín, José Manuel Fernandez Norniella o el propio Rato- por valor de 3.000 millones, que fue la cantidad que esta entidad emitió en preferentes en mayo de 2009 bajo la presidencia de Miguel Blesa.
Pero el fiscal considera que esta medida no es necesaria dadas las características del banco, que cuenta con la solvencia suficiente como para afrontar cualquier tipo de responsabilidad civil que se pudiera derivar del procedimiento penal.
Los querellados son los mismos que ya están imputados en la Audiencia Nacional, incluyendo Rato; el vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, y el entonces consejero delegado Francisco Verdú; el consejero de BFA Ángel Acebes o el representante de IU José Antonio Moral Santín, y las dos entidades como personas jurídicas.
Por último, reclamaba al juez que ofrezca emprender acciones al Ministerio de Economía a través de la Abogacía del Estado y que los exconsejeros devuelvan las indemnizaciones que percibieron tras salir de la entidad, así como que declaren las pólizas de responsabilidad civil para que estos contratos puedan ser resueltos.
En concreto, la formación les acusa de siete delitos: uno de asociación ilícita, otro contable por falseamiento cuentas; apropiación indebida; administración desleal; falsedad en documento mercantil y falseamiento de la información económico financiera.
Además, señalaban al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como a la consultora Deloitte y la entidad Lazard, que asesoró a Bankia en su salida a bolsa, como colaboradores necesarios en la comisión de estos hechos.
Fernando Andreu investiga desde 2012 las presuntas irregularidades en la fusión y salida a bolsa del banco y tiene una pieza separada sobre las preferentes de Caja Madrid, en las que investiga a, entre otros, al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
El magistrado imputó a los exconsejeros los delitos de falsificación de las cuentas anuales y de los balances, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida -castigados con hasta 3, 4, 2 y 6 años de cárcel, respectivamente- a raíz de haber admitido una querella de UPyD, que dio origen a este procedimiento.