25 de septiembre de 2012: el «Rodea el Congreso» se salda con 35 detenidos y más de 60 heridos, entre ellos policías. Año y medio más tarde las «Marchas por la Dignidad» acaban con 67 agentes heridos y 30 arrestos. Es el fruto de una violencia radical, cada vez más profesionalizada, que desde entonces no ha cesado de buscarse un hueco en las protestas ciudadanas.
Frente a los violentos, los antidisturbios y los agentes de Información. Los primeros protagonistas estos días después de que en el ya conocido como 22M un puñado de ellos quedara aislado y a merced de los radicales por un cúmulo de errores que la Policía investiga. Mientras, los afectados piden el cese de sus mandos.
Estatismo
Quince días después de los incidentes, algunos agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, han hablado con Efe de cómo tienen que enfrentarse a los violentos y han aprovechado para exigir a sus mandos que actúen como policías y no como políticos, en una clara crítica a las órdenes de mantenerse «estáticos» que se trasmitieron durante el 22M.
Desde la aparición del movimiento 15M los radicales han aprovechado numerosas protestas ciudadanas para «colarse» y hacerse presente de forma más continua.
Pero este movimiento ciudadano, que concitó la simpatía de miles de personas, sirvió a los radicales para expandirse y llevar a cabo sus acciones violentas con mayor impunidad, ya que necesitaban una masa pacífica que les sirviera de parapeto.
Como explican a Efe fuentes policiales, precisan al menos una masa de 5.000 personas para infiltrarse, pasar más desapercibidos y esperar al final de la manifestación para actuar.
Y lo hacen cada vez más organizados, con una perfecta distribución de funciones y con «armas» más contundentes y lesivas, como rodamientos de acero, petardos con metralla o cócteles incendiarios.
Unos artefactos que ya quisieron utilizar en las manifestaciones posteriores al 25S y en la huelga general del 14N, aunque la actuación coordinada del Grupo 21 de la Brigada de Información de Madrid y las UIP lo impidió, evitando así males mayores, ya que el material con el que se confecciona -aceites y detergentes- provoca una expansión de las llamas de laboriosa extinción.