El juez Baltasar Garzón ha pedido al Gobierno que equipare los derechos de las víctimas del franquismo con los de las víctimas del terrorismo y se permita así acabar con la existencia de «víctimas de primera y víctimas de segunda».
Garzón ha hecho esta petición en un acto de la plataforma por la comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo en que el que se ha anunciado una próxima reunión el 23 de enero en Madrid con Pablo Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad.
La plataforma espera que la visita del relator les ayude a «reivindicar y exigir que el Gobierno se comprometa a cumplir los principios, las resoluciones y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos», ha expresado la política Cristina Almeida, también presente en el acto.
Desde la plataforma, aseguran haber solicitado una reunión a Rajoy a través de una carta que «aún sigue sin respuesta» y que «incumple la obligación de atender a las peticiones ciudadanas que tiene cualquier responsable político», más si se demanda «para plantear algo que afecta a cientos de personas a las que se debería atender». Por ello Garzón ha denunciado que «todas las puertas están cerradas para las víctimas del franquismo».
Dar pasos
Respecto al último documento conocido de ETA, Garzón ha considerado que «se tienen que seguir dando pasos» desde la banda terrorista y desde el Estado y el Gobierno. Garzón ha afirmado que «no ve necesaria» la creación de una asociación similar para las víctimas de ETA, puesto que «ya se han logrado avances importantes en este sentido por parte del Parlamento vasco y un gran desarrollo sobre la atención a las víctimas y el pago de las indemnizaciones acordadas a las mismas».
«Estamos en una fase de reacción de la Justicia en la que sí se puede plantear mecanismos para finalizar ese conflicto y esa situación», ha indicado, a la vez que ha subrayado que esto es lo contrario de lo que ocurre con las víctimas del franquismo, aspecto en el que «todavía no se ha hecho nada, salvo un intento frustrado de investigación y el cierre en banda del Tribunal Supremo».