La discreción y la prudencia son dos de las principales virtudes -defectos para algunos- del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, según fuentes cercanas a su entorno. Su actitud durante toda la investigación de la supuesta contabilidad B del Partido Popular ha sido la de dar pequeños pasos, pero firmes, para impedir cualquier tropiezo que pusiera en riesgo las pesquisas encaminadas a esclarecer la verdad. Y el jueves, al fraguar la operación que ha conmocionado al partido en el Gobierno con el registro de su sede nacional, ha dado nuevas muestras de ello.
Pablo Ruz, según fuentes del caso, se puso en contacto durante la tarde del jueves con uno de sus inspectores de confianza de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, según informa la Cadena Ser.
El equipo
Del reducido equipo que trabaja con el magistrado codo con codo tanto en el 'caso Gürtel' como en el de la caja B del PP. El agente 81.067 no se encontraba en la oficina. Ruz le comunicó que sobre las 19:00 horas se presentasen en el juzgado uno de sus compañeros, experto en los supuestos pagos en negro del PP recogidos en los 'papeles de Bárcenas', y un analista informático de la Brigada de Información Tecnológica de la Policía Nacional. Ruz comunicó al agente 81.067, según fuentes conocedoras del caso, que necesitaba a ambos para efectuar un requerimiento con posible entrada y registro. No dijo nada más. Absoluto secretismo.
Los dos agentes se personaron en el despacho de Ruz en la Audiencia Nacional alrededor de las 19:15 horas. Fue entonces cuando les comunicó su destino. Iban a entrar en la sede nacional del PP para, por las buenas o mediante registro, recabar toda la información que encontrasen relacionada con los 'papeles de Bárcenas' que abundaría en la contabilidad B del PP. Unos papeles de Bárcenas a los que el juez ya concede un alto grado de verosimilitud, puesto que según su auto del viernes, ya «puede concluirse la realidad indiciaria de varios apuntes contables de los allí reflejados, que ha venido a ser confirmada por las diligencias practicadas».
La operación pilló con el paso cambiado y sin capacidad de reacción al PP, al ministro del Interior y al jefe de la UDEF, que solo dispusieron de minutos para enterarse de que los agentes iban a registrar la sede de la calla Génova .La comisión judicial comenzó a recabar información sobre las ocho de la tarde y, hasta la diez de la mañana del viernes, no acabó su labor, que se desarrolló en todo momento con la presencia de la tesorera del partido, Carmen Navarro, y el abogado Alberto Durán.