La Audiencia Nacional ha condenado al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al inspector jefe José María Ballesteros a un año y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación por revelación de secretos por el chivatazo a ETA en el bar Faisán, que frustró una operación en 2006.
La sección tercera de la Sala de lo Penal les absuelve del delito de colaboración con organización terrorista, al entender que el chivatazo no fue una «acción directa de los acusados para favorecer una actuación puntual» de la banda, sino que la intención era «no entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA».
Revelación de datos
Según la sentencia, el chivatazo no puso en peligro la «convivencia pacífica entre los ciudadanos», que es lo que se trata de proteger en los delitos de terrorismo, pero los condenados sí consiguieron evitar una operación «revelando unos datos de los que tenían conocimiento por razón de su cargo y que por su naturaleza debían mantener el sigilo».
Después de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mostrado su respeto y acatamiento del fallo, como «hace siempre» el Ejecutivo ante cualquier resolución judicial. Desde el Gobierno se ha destacado que esperará a que el fallo firme antes de tomar medidas contra ellos.
Mientras, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dirigía el Ministerio del Interior cuando se produjo el chivatazo, ha subrayado su respeto hacia la sentencia y ha señalado que será el Supremo el que tenga «la última palabra».
La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrirá la sentencia mientras las asociaciones de víctimas han exigido que se investigue quién o quiénes dieron «órdenes superiores» para el chivatazo.