La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputados sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Alvarez.
Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que, tras comunicarle los hechos que le imputa, ha comenzado el interrogatorio de la juez Mercedes Alaya a la imputada en un ambiente de «tranquilidad» y «plenamente normal, sin tensión alguna».
La magistrada le ha preguntado, para comenzar, sobre el sistema de las transferencias de financiación utilizado para el pago de las ayudas investigadas, y Magdalena Alvarez le ha contestado que dicho sistema no lo inventó ella, sino que «es una transposición de normas españolas» y que «ya existía» en otras comunidades autónomas españolas.
Según las fuentes, la imputada está contestando 'no' a la mayoría de las preguntas de la magistrada.
EL AUTO DE IMPUTACIÓN
En el auto del pasado mes de junio donde la imputó junto a otros 19 cargos o exaltos cargos, la instructora dijo que la exconsejera «fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003», no obstante lo cual «la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias».
La juez recuerda que, conforme a la Ley, «corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia», motivos por los que imputó tanto a Alvarez como a su entonces viceconsejero, José Salgueiro, que se acogió el pasado jueves a su derecho constitucional a no declarar.