El fiscal Anticorrupción de Barcelona ha concluido que CDC presuntamente se financió irregularmente y que cobró en total 6,6 millones de euros en «comisiones ilícitas» satisfechas por Ferrovial a cambio de varias adjudicaciones de obra pública a través del Palau de la Música.
En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona que solicita el fin de la instrucción y la apertura de la fase intermedia, el fiscal Emilio Sánchez Ulled concluye que Ferrovial pagaba un 4% en comisiones de las obras que le adjudicaban, que se repartía entre CDC (2,5%) y los exresponsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull.
Según el Ministerio Fiscal, en este «mecanismo ilícito» presuntamente participaron los extesoreros de CDC Carles Torrent (fallecido en 2005) y Daniel Osácar, y el exdiputado de CDC Jaume Camps, y constata que altos responsables del partido debieron necesariamente intervenir, aunque no han podido ser debidamente identificados.
Por parte de Ferrovial, el fiscal apunta al exdirector territorial y exdirector general de División Pedro Buenaventura, y al director de relaciones institucionales Juan Elizaga, que actuaron «a espaldas de su accionariado y abusando de sus facultades directivas» para aplicar cuantiosos fondos a la financiación de CDC, prosigue el fiscal.
El papel que jugaban los imputados Fèlix Millet y Jordi Montull fue de «torcidos intermediarios» que prestaban la estructura económico-financiera del Palau con la finalidad, según el Ministerio Fiscal, de enmascarar la verdadera causa y finalidad de los flujos financieros y conseguir así que los fondos satisfechos por la constructora llegaran al partido de forma opaca.
Para el fiscal, se trata de «comisiones ilícitas satisfechas a personas con ascendencia política suficiente como para influir de forma determinante en organismos competentes para adjudicar obras públicas de envergadura», que generaron, según sus palabras, un flujo constante de contratación favorable a la empresa.
«PACTO CRIMINAL ESTABLE»
«Partiera de quien partiera la iniciativa en los contactos, que en cualquier caso debieron ser de alto nivel, como resultado quedó articulado un pacto criminal estable que con inicio al menos en 1999 se prolongó, renovándose con las oportunas negociaciones, hasta 2008-2009», asegura.
Entre las adjudicaciones que obtuvo Ferrovial presuntamente a cambio de comisiones está la construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona por un importe total de 890 millones de euros; la Ciudad de la Justicia de Barcelona, de casi 800 millones, el expediente de construcción de un pabellón municipal en Sant Cugat, por cuatro millones, y unas obras en el margen del río Ebre, por 2,6 millones.
Sin embargo, el fiscal puntualiza que «no puede afirmarse que las adjudicaciones conseguidas por Ferrovial resultaran en sí mismas clara y patentemente arbitrarias o notablemente irrazonables desde el punto de vista técnico».
Para hacer llegar las comisiones a CDC la trama utilizó tres mecanismos: entregas en efectivo al tesorero del partido, que según el fiscal ascendieron a 3,7 millones entre 2000 y 2008; facturación «mendaz» de las empresas de impresión y buzoneo Altraforma, Hispart, Publiciutat, New Letter y Letter Graphic y a través de convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas --directamente vinculada a CDC en el aspecto orgánico y financiero--.
Con todo, el fiscal considera a CDC como partícipe a título lucrativo para que pueda defenderse de la petición de decomiso de fondos que se formule en el escrito de conclusiones provisionales, y también a la Fundación CAT-DEM.
EXPOLIO DE 18 MILLONES
Respecto al «expolio patrimonial» que cometieron Millet y Montull en la institución en su beneficio personal o a otras finalidades desconocidas nunca relacionadas con el Palau asciende a 18 millones de euros.
Concretamente, Millet se apropió de 7 millones de euros de la Fundación y de la Asociación del Palau, 1,3 se lo quedó Montull, y de los 9,6 millones restantes «han desaparecido sin dejar rastro alguno», y para cometer el delito contaron con la colaboración de la exdirectora financiera Gemma Montull y con el conocimiento y asentimiento de Rosa Garicano.
Parte del dinero se utilizó en obras «suntuarias» en viviendas particulares de Millet, Montull y Gemma Montull mediante facturación mendaz entre 2005 y 2009, a bodas de las hijas de Millet y viajes exóticos a Tailandia, Polinesia, Kenya, Dubai, Maldivas y México, entre otros.
En el escrito también se incluye que Millet pagó a terceros sin ninguna relación con finalidades del Palau como al presidente de la Sectorial de Inmigración de CDC, Àngel Colom, a quien entregó 75.000 euros --que el propio Colom ya ha pactado que devolverá-- y 13.000 euros a Esteve Escuer, militante de CDC en L'Ametlla del Vallès (Barcelona).
El fiscal solicita asimismo el sobreseimiento provisional parcial para la esposa de Millet, Marta Vallès, y la de Montull, Mercedes Mir, entre otros, al considerar que no existen motivos suficientes para acusarles de delito.