La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acusado de colaboración con ETA a los dos mandos policiales procesados por el caso Faisán -el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el exinspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros- por orden expresa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
En su escrito de acusación por el chivatazo a ETA, el fiscal Carlos Bautista pide dos años de cárcel para Pamiés por revelación de secretos «y, alternativamente,» cinco años de prisión por colaboración con banda armada, mientras que para Ballesteros pide un año y medio por la revelación de secretos y «alternativamente» otros cinco por colaboración.
Bautista destaca en su escrito que la acusación por el delito de colaboración la hace por orden expresa de Torres-Dulce según lo dispuesto en el artículo 25, párrafo 1, del Estatuto Fiscal, ya que siempre ha defendido que el chivatazo únicamente constituye un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública.
Según ese artículo, el fiscal general podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos.
Además de la pena de cárcel, el fiscal pide que ambos sean condenados a 11 años de inhabilitación absoluta y multa de 27.000 euros para Pamies y de 21.600 para Ballesteros, como autores del chivatazo que desbarató una operación contra el aparato de extorsión de ETA en mayo de 2006, en plena negociación con la banda.
En su escrito, Bautista relata como el 3 de mayo de 2006, se tuvo conocimiento en una reunión en una sidrería de Oyarzun entre el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, el negociador etarra Ramón Sagarzazu y el fallecido Gorka Aguirre, destacado miembro del PNV, de la entrega a ETA de nueve millones de pesetas (54.000 euros), a lo que eludieron en clave hablando de «nueve botellas de vino».
Ese dinero, iba a ser entregado en el bar de Elosúa al miembro de ETA Cau Aldanur, residente en Francia.
Con esos datos, esa misma noche se activó el operativo policial «encaminado a la intervención del dinero y detención de todos los posibles miembros de la trama».
El entonces jefe superior de policía del País Vasco Enrique Pamies se enteró del dispositivo la tarde anterior y alertó a Aguirre «y buscó a una persona que no perteneciera a la plantilla de San Sebastián y no pudiera ser reconocida» para que entrara en el Faisán a avisar a Elosúa, y «el elegido fue» Ballesteros.
Con ese fin, en la mañana del 4 de mayo Ballesteros se dirigió a Irún y en las inmediaciones del domicilio de Elosúa se encontró a su mujer a Avelina Llanos y le preguntó cómo llegar al bar y cuando se encaminó a ese lugar llamó a Pamiés que le indicó que contactara con el dueño del Faisán «aún a sabiendas de que existe vigilancia en la parte delantera».
Ya en las inmediaciones del bar, Pamiés le llamó a las 11.08 horas, llamada que es localizada en el repetidor y Ballesteros es además localizado por la cámara de vigilancia frente al local, al que entró por la puerta trasera.
Al entrar, preguntó por Elosúa y le entregó un teléfono en el que Pamiés le dio el famoso soplo.
Tras recibir el aviso, Elosúa se dirigió a una lonja de su propiedad, de la que se sospecha hizo desaparecer cartas de extorsión de ETA, dinero y sellos de la banda, después intentó contactar con Cau Aldanur con el móvil de su hijo, José María Elosúa, «no acertando por los nervios a marcar el número», por lo que decide llamar desde una cabina.
A las 12.40 horas, Elosúa y su yerno Carmelo Luquín se desplazan a Francia en un coche, al que se había instalado un dispositivo de seguimiento, por lo que fue captada la conversación que ambos mantuvieron en la que le cuenta como le han dado el chivatazo, «olvidándose de que no tenía que hablar en el coche», tal y como le había avisado Pamiés.
La operación contra la red de extorsión se llevó a cabo, finalmente, el 22 de junio de 2006 siendo detenidos todos los integrantes «pero sin que se encontrase una sola carta de extorsión en ninguno de los registros ni los 54.000 euros de un posible pago de la extorsión al que hacían referencia las conversaciones intervenidas».
El juez Pablo Ruz procesó a ambos por colaboración con banda armada y revelación de secretos, aunque la Audiencia Nacional ya indicó que los delitos quedaban por concretar hasta que calificaran las acusaciones: Fiscalía, el PP, Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia.
El juez, al dictar el procesamiento de ambos ex altos cargos policiales, consideró que en el procedimiento «aparecen motivos bastantes» para imputarles colaboración terrorista y revelación de secretos, y concluyó, por contra, que no había indicios suficientes para procesar al director general de la Policía Víctor García Hidalgo.