La juez Mercedes Alaya continuó ayer la toma de declaraciones por la nueva rama de los ERE fraudulentos en Andalucía, tras enviar a prisión a primera hora de la mañana al intermediario Juan Lanzas y al exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín.
Alaya decidió tomar declaración a ocho personas ayer y trasladar a hoy la de Juan Francisco Trujillo, chófer que declaró haber comprado cocaína con las ayudas para los ERE, y la de la esposa de Juan Lanzas.
Sesenta implicados
Después de una maratoniana jornada que comenzó el jueves y que finalizó a las 06.45 horas de ayer, la juez dictó el auto de prisión para Albarracín y Lanzas, con lo que ya son cuatro las personas encarceladas en la nueva rama, centrada en las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras de los ERE, un caso que acumula ya sesenta imputados.
Ambos se unieron así a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que ingresó en prisión el día anterior, y a Juan Francisco Algarín, encarcelado en enero como testaferro de varias empresas empleadas para introducir en el circuito financiero las comisiones que cobraban.
Ante Alaya también declararon el ex director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce y el ex director comercial de Vitalia en Andalucía Jesús Bordallo, que quedaron en libertad.
La juez incluye en la «trama corrupta» a la autoridad pública que «permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración» y a los sindicatos CCOO y UGT e intermediarios en los ERE, que «seguían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio».
En el caso de la mediadora Vitalia, Alaya cree que al menos ordenó el pago a CCOO y UGT de 4.291.384 euros.