La Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), las dos patronales del sector financiero, han anunciado una moratoria en los desahucios a la espera de que el Gobierno y el PSOE cierren el pacto de reforma de la legislación de ejecuciones hipotecarias.
Los representantes del Ejecutivo y del Partido Socialista se reunieron ayer y, aunque no han cerrado un pacto, sí han logrado un "acuerdo sustancial", según indican fuentes del Gobierno.
Las medidas más urgentes que surjan de la negociación, entre las que previsiblemente estará suspensión durante dos años de los desahucios, se aprobarán mediante un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en el Consejo de Ministros del próximo jueves. La negociación continuará mañana.
La patronal de los bancos sorprendía por la mañana con un comunicado en el que avanzaba su intención de paralizar los desahucios durante los dos próximos dos años para los casos en que "concurran circunstancias de extrema necesidad".
En declaraciones a Efe, su presidente, Miguel Martín, explicaba que los bancos han considerado que hay "una demanda social" sobre los desahucios y citaba, a modo de ejemplo, que podrían considerarse casos de extrema necesidad a enfermedades graves, dependencia, elevada edad o hijos a cargo.
La decisión, que se fundamenta en "razones humanitarias", fue tomada el pasado jueves tras un debate "intenso y profundo" de los asociados de la AEB, un día antes del suicidio de una mujer en Baracaldo (Vizcaya) cuando iba a ser desahuciada, señala la patronal.
Además, la AEB ha desvelado que la iniciativa era conocida por el Ministerio de Economía y por el Banco de España.
Poco después, la CECA anunciaba la suspensión de las ejecuciones hipotecarias hasta la entrada en vigor la reforma que preparan Gobierno y oposición, aunque no mencionaba cuándo tomó la decisión ni si la había comunicado previamente al Ejecutivo.
La patronal recuerda también que algunas cajas de ahorros ya habían adoptado decisiones individuales para suspender los desahucios. Es el caso de Caja Laboral y Banco Mare Nostrum (BMN), integrado por Cajamurcia, Cajagranada, Caixa Penedés y Sa Nostra, que siguiendo el ejemplo de Kutxabank habían adelantado la paralización de desahucios.
Paralelamente, el Banco Sabadell ha dicho que implantará en la CAM, la caja de Alicante que controla, la política de buscar alternativas a los desahucios, mientras que Caja España-Duero ha asegurado no los aplicarán si las familias están en situación límite.
El anuncio de los bancos no ha aplacado el clamor de la calle y asociaciones y ciudadanos han vuelto movilizarse hoy para continuar la presión.
Un centenar de personas, entre ellas afectados por desahucios y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han concentrado frente a la sede del PP, y con silbatos y cacerolas han gritado que el anuncio de los bancos es "una vergüenza" y "un parche".
Los afectados consideran insuficiente los anuncios de la AEB y la CECA y denuncian la ambigüedad de la expresión "extrema necesidad". Estas movilizaciones han frenado al menos tres desahucios programados para hoy en distintos puntos de España.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que los cambios legales serán actuaciones más propias de políticas sociales que de políticas financieras.
Por su parte, el titular de Economía, Luis de Guindos, ha apostado desde Bruselas por que "ninguna familia de buena fe" pierda su vivienda como consecuencia de la crisis económica y ha dicho que todos los esfuerzos del Gobierno irán dirigidos en esta dirección.
Por otro lado, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la mayoría de los sindicatos policiales han salido al paso de las polémicas declaraciones del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ayer dijo que respaldará a los agentes que aleguen objeción de conciencia en los desahucios.
El portavoz del SUP, José María Benito, ha puntualizado que no querían hacer un llamamiento a la objeción, sino sólo dar un "toque de atención" al Gobierno para recordarle que los policías "no son robots" ni insensibles.
Fernández Díaz se ha limitado a señalar que no tiene "ninguna duda" de que la Policía "cumplirá y hará cumplir" la ley a la orden de las autoridades legítimas, en su caso las judiciales, en los desahucios de viviendas.