Los desalojos forzosos por impagos de hipotecas y alquileres continúa al alza en Balears como consecuencia de la crisis económica y el aumento de las cifras de parados.
Cada día, entre enero y junio de este año, quince familias han sido desahuciadas por no poder hacer frente a las cuotas mensuales pactadas con los bancos o los propietarios de las viviendas, con un total de 2.518 órdenes de lanzamientos en los dos primeros trimestres del año, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
No todos los desahucios han finalizado con la expulsión inmediata de la vivienda de los afectados, ya que muchos de ellos han retrasado la orden judicial de desalojo presentando los pertinentes recursos.
Los jueces de primera instancia de Balears han dictado las órdenes de desahucio a instancias de las entidades bancarias, 1.021 entre enero y marzo y 1.497 entre abril, mayo y junio.
Pero no solo las familias tienen dificultades para abonar las cuotas pactadas con los bancos. Los empresarios de diversos sectores, principalmente de la restauración, también notan la crisis y los dos juzgados de lo Mercantil de Balears están tramitando entre 20 y 30 expedientes de desahucios por impagos.
La estadística anual de desahucios mantiene la tendencia al alza en los tres últimos años, ya que hasta junio de 2010, los jueces habían firmado 2.082 órdenes de lanzamiento, frente a los 2.090 del mismo periodo de 2011.
Entidades
La actitud de bancos y grupos bancarios sobre las ejecuciones hipotecarias es dispar, pero cabe resaltar la estrategia de La Caixa, que desde 2009 tiene en marcha un departamento específico para ayudar a los clientes de hipotecas con problemas económicos.
«No somos partidarios de los desahucios, de ahí que desde 2009 hemos aplicado la estrategia de buscar soluciones para no llegar a las ejecuciones hipotecarias. Gracias a esta política, unas 5.000 personas en Balears han podido refinanciar la deuda y no perder sus viviendas. Siempre buscamos soluciones alternativas y se mira caso por caso para llegar a acuerdos concretos. Nuestra última opción es acudir a al vía judicial para propiciar las ejecuciones hipotecarias y, en consecuencia, el desahucio para recuperar la inversión», puntualizaban ayer desde La Caixa.
Sa Nostra, antes de englobarse en BMN, también arbitró un fondo de ayuda para clientes con problemas hipotecarios, pero el deterioro de la situación laboral, con proliferación de EREs y aumento del paro, ha hecho inviable este tipo de actuaciones de un modo generalizado. Las entidades financieras entienden el grave problema con que se encuentran, pero todas ellas quieren recuperar de un modo u otro la inversión realizada.
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