La Administración Central aumenta su capacidad de fijar los contenidos educativos hasta el 65% del currículo en el caso de comunidades con lengua cooficial y el 75% para el resto, según el anteproyecto de reforma de la enseñanza no universitaria aprobada ayer por el Consejo de Ministros.
La propuesta, presentada en rueda de prensa por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, señala que al Gobierno le corresponde el establecimiento de las competencias mínimas que deben adquirir los alumnos, los criterios de su evaluación y las proporciones curriculares señaladas como legislación básica.
El Gobierno pone fin a la selectividad, implanta evaluaciones finales nacionales al final de cada etapa y abre la puerta a las administraciones para concertar la financiación pública de colegios de enseñanza separada por sexos.
Directrices
En la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 2006, al Gobierno corresponden el 55 y 65% de los contenidos curriculares, según las comunidades.
Según Wert, la reforma precisa que las comunidades tendrán la capacidad de establecer las directrices pedagógicas, la organización de la gestión educativa y la porción de contenidos no atribuida al Estado. El ministro argumentó que se trata de una «clarificación definitiva» de las competencias respectivas de las distintas administraciones con responsabilidades educativas, tras años de «acumulación legislativa», señaló al referirse a las transferencias autonómicas.
El ministro apuntó que la «dispersión de contenidos» educativos actual es inmanejable. En este sentido defendió el refuerzo transversal de las materias instrumentales: Lengua, Matemáticas, Ciencias e Idiomas.