El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha descartado la posibilidad de que el Gobierno adelante la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años, que entraría en vigor de forma efectiva en el año 2027 tras la última reforma.
«No existe una recomendación para acelerar la entrada en vigor de los 67 años, ni este Gobierno se lo plantea en este momento», ha señalado Burgos en la rueda de prensa para valorar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto.
Según Burgos, hay tres compromisos que ha adquirido el Gobierno para negociar en el Pacto de Toledo: el estudio de la integración del régimen del hogar en el general, las medidas para conseguir el retraso efectivo de la jubilación (limitaciones a la jubilación anticipada y parcial) y el análisis del factor de sostenibilidad.
Todas estas cosas se debatirán en el Pacto de Toledo y los informes y propuestas del Gobierno se irán presentando en ese foro de debate en las próximas semanas de forma secuenciada.
Por otro lado, Burgos no ha descartado la posibilidad de que el Gobierno tenga que recurrir al Fondo de Reserva, actualmente dotado con casi 68.000 millones, para financiar el sistema, ya que la idea del Ejecutivo es usar todos los mecanismos disponibles para gestionar adecuadamente los compromisos.
Además, ha recordado que ya se ha recurrido al fondo de prevención y rehabilitación a través de dos resoluciones publicadas en agosto que autorizaron dos disposiciones efectivas de 1.700 millones en el primer caso, y otras dos de 500 millones en el segundo caso.
Dotación
Este fondo contaba inicialmente con una dotación de unos 4.600 millones, que se liquidaron prácticamente con las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque aún queda un remanente de aproximadamente 400 millones de euros gracias a las aportaciones de las mutuas de trabajo. «El dinero se usa por una vía y llega por otra», ha dicho Burgos.
Preguntado por si la evolución del IPC en los próximos meses puede condicionar las cuentas de la Seguridad Social, que deberían cerrar en equilibrio, Burgos ha señalado que el aumento del IPC sí supone cierta presión y un sobre esfuerzo de 200 millones por décima de desvío, aunque es algo habitual para el sistema. «Está preparado», ha dicho.
Sobre la evolución de la afiliación en el mes de agosto, Burgos ha reconocido que el dato es «obviamente negativo», aunque, a su parecer, hay que situarlo en su contexto porque «no supone una variación significativa» respecto a otros meses de agosto.
En este sentido, ha asegurado que el Gobierno «nunca espera un agosto positivo» por ser un mes en el que finalizan muchos contratos de carácter estacional, aunque este caso el comportamiento ha sido «coherente con la serie histórica y «levemente mejor» que la media de los últimos años.
Así, ha subrayado que no ha habido elementos «inesperados o añadidos» que hayan «maltratado» la afiliación en agosto, y ha considerado que lo «más significativo» es que la tendencia julio-agosto es «creciente».