Un español que hubiera ocultado en un paraíso fiscal un millón de euros obtenido en 2008, y quisiera ahora presentar ese dinero en su declaración de la renta, tendría que pagar a Hacienda sólo el 10% -100.000 euros- de esa cuantía para regularizar su situación, según la amnistía fiscal aprobada en marzo por el Gobierno. En cambio, si declarara ahora esa cantidad con el anterior marco legislativo, y después de que la administración advirtiera su fraude, lo que tendría que pagar al fisco podría ascender hasta los 715.874 euros. Es decir, que la reforma del PP perdona a ese defraudador hasta casi 600.000 euros, en concreto 565.315 euros.
Este es uno de los ejemplos que cita el PSOE en el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que aprobó el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, y que incorporó la amnistía fiscal como parte de una serie de medidas encaminadas a la reducción del déficit.
Hoy
Además del texto que presentarán hoy lunes ante el Tribunal Constitucional, los socialistas llevarán a la Audiencia Nacional otro recurso contencioso-administrativo para paralizar de inmediato la puesta en marcha de la medida, que fue convalidada por el Congreso el 12 de abril con los votos a favor de PP, CiU, UPN y Foro Asturias.
Según el recurso al TC, esa regularización fiscal vulnera por partida doble la Constitución, es «especialmente injusta» en sus consecuencias y «manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad».
No tienen dudas los socialistas de que se violan los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica, al colocar a un colectivo de «contribuyentes-defraudadores» en una situación de «absoluto privilegio fiscal, que llega en ocasiones a neutralizar el deber de contribuir».