La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Soria ha archivado provisionalmente el proceso abierto a Jaime de Marichalar por el accidente ocurrido en la finca familiar de Garray en el que resultó herido su hijo y nieto del rey, Felipe Juan Froilán de todos los Santos.
Así lo han informado hoy fuentes jurídicas, que han señalado que la juez ha ordenado el archivo del procedimiento al no apreciar imprudencia grave en los hechos, sucedidos el pasado día 9 cuando Froilán, de 13 años, se hirió en un pie cuando manejaba una escopeta mientras hacía prácticas de tiro junto a su padre.
En el auto, la juez explica que los hechos, «si bien pudieran ser constitutivos de una falta cometida por imprudencia, están sometidos al régimen de denuncia previa de la persona agraviada o de su representante legal o, en su caso, del Ministerio Fiscal, al ser el perjudicado menor de edad», por lo que faltando ese requisito y tratándose de una «falta privada», procede acordar el archivo.
El procedimiento, en cualquier caso, podría ser reabierto si en los próximos seis meses el perjudicado -el propio Froilán-, sus representantes legales o el Ministerio Fiscal presentaran denuncia.
La resolución de archivo, además, puede ser recurrida en los próximos tres días.
Fuentes de la Guardia Civil han asegurado que una vez que se han archivado las diligencias penales corresponde ahora a la Subdelegación del Gobierno en Soria imponer la sanción administrativa que corresponda, previsiblemente por una falta de diligencia en la custodia de arma de fuego.
Antes de proponer la sanción contra el exmarido de la infanta Elena, la Subdelegación del Gobierno podrá solicitar al instituto armado que aporte más pruebas sobre las circunstancias del suceso.
Jaime de Marichalar se enfrenta a una multa de entre 300 y 6.000 euros por una falta grave contemplada en el Reglamento de Armas por permitir que su hijo utilizara un arma de fuego sin contar con licencia, a la que tampoco puede tener acceso por ser menor de catorce años.
La sanción podría acarrear también la retirada de las armas y municiones objeto de la infracción, así como de las licencias y guías de pertenencia correspondientes a las mismas, durante un periodo máximo de dos años.