Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo de Andalucía Francisco Javier Guerrero, llegó al juzgado imputado por once delitos en la causa de los ERE fraudulentos y terminó acusado de 22, que incluso podrían aumentar, y se ha convertido en el segundo implicado en ingresar en prisión.
La juez Mercedes Alaya decretó prisión sin fianza para Trujillo por su riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, porque es ahora cuando ha perdido todo su arraigo social y además va a dejar de cobrar el paro dado que, según su propia confesión, lo percibía de manera fraudulenta.
Historial
Trujillo inició su declaración imputado de once delitos: tres de obtención indebida de subvenciones, uno de falsedad en documento mercantil, un delito continuado de cohecho, otro de tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación, otro de malversación y tres delitos de falsedad en documento oficial. Su encarcelamiento se produjo por otros once: uno de alzamiento de bienes por vender una de las fincas que compró con las subvenciones, dos de falsedad en documento mercantil por los falsos contratos de trabajo por los que está cobrando el paro, tres de falsedad y otros tres de cohecho por las tres facturas falsas que reconoció por trabajos ficticios a Delphi, Dhul y Estudios Jurídicos Villasís, y dos de cohecho por los sobres con dinero en efectivo que recogió para su jefe.
Abogados personados en la causa creen que además podría ser imputado de tráfico de drogas.
La juez afirma en su auto que los delitos que se le imputan «pueden aumentar con el desarrollo de la presente investigación» pues Trujillo confesó en una declaración de más de ocho horas debido «al propio devenir del largo interrogatorio, cuando de manera casi inconsciente, sin calibrar el alcance de sus respuestas, admitió la comisión de otro numeroso grupo de delitos».