El Pleno del Senado ha dado luz verde definitiva a la reforma del artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria con 233 votos a favor de PSOE, PP y UPN y tres en contra de Coalición Canaria y Foro Asturias.
Por su parte, CiU, PNV e ICV no han participado en la votación final de la reforma, aunque sí de sus enmiendas, pese a permanecer en el Hemiciclo y los senadores de ERC y BNG han abandonado la sala. Tampoco han apoyado la iniciativa los dos senadores socialistas Roberto Lertxundi e Imanol Zubero, que ya adelantaron su oposición al texto y este miércoles no han acudido al Senado.
La reforma ha salido adelante con el apoyo de los mismos grupos del Congreso, después de que la mayoría de socialistas y 'populares' hiciera inviable la incorporación de las enmiendas que habían presentado los partidos de izquierda y los nacionalistas vascos y catalanes.
Una vez que el trámite en el Senado no ha supuesto ningún cambio en la propuesta de reforma pactada entre PP y PSOE, el texto no deberá volver al Congreso y ahora se abre un plazo de quince días para solicitar la celebración de un referéndum, para lo que se requiere la firma de 26 senadores o 35 diputados.
El Pleno ha comenzado con dos turnos a favor y dos turnos en contra de la reforma. Mientras que, por un lado, PP y PSOE han defendido la legitimidad y utilidad de introducir estos cambios en la Carta Magna para dar confianza y garantizar la viabilidad de la economía española y del Estado del bienestar, CiU y ERC han censurado tanto el fondo como la forma en que se han acometido los cambios en apenas 15 días.
El portavoz del Grupo Popular, Pío García-Escudero, ha puesto en valor el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios y ha asegurado que no es únicamente una respuesta coyuntural a la crisis, sino «un principio básico permanente e irrenunciable».
Además, ha rechazado los argumentos en contra que la califican de antisocial y ha advertido de que «no hay nada más social que el compromiso permanente con unas cuentas públicas saneadas», coincidiendo con la portavoz del PSOE, Carmela Silva, que ha calificado de «demagogia fácil» estas acusaciones.
Garantiza la igualdad
Los portavoces de PP y PSOE han coincidido también en rechazar que la reforma suponga una merma a las competencias de las comunidades autónomas y han defendido que garantiza la igualdad de España y sus ciudadanos ante la crisis económica.
Asimismo, han compartido la urgencia de la medida debido a la «situación límite» a la que ha llegado España, según ha expuesto el portavoz 'popular'. A quienes piden la celebración de un referéndum, Carmela Silva les ha recordado que no está exigido por la Constitución y hacerlo ahora sería «contraproducente».
UPN ha sido el único partido que ha apoyado la reforma tanto en el Congreso como el Senado, aunque ha reprochado a los dos grandes partidos que no la acometieran antes. «Si lo hubieran hecho antes, probablemente no se habrían producido algunas de las críticas a la reforma y no hubiéramos pasado el verano tan crítico que hemos pasado» en lo que respecta a la inestabilidad financiera, ha subrayado.
Desacuerdo en forma y fondo
Estas tres voces, junto a la del vicepresidente primero de la Cámara y senador del PSC, Isidre Molas, han sido las únicas a favor de la reforma. El resto de grupos, cuyas enmiendas han sido rechazadas gracias al pacto entre socialistas y 'populares', han censurado tanto el contenido del nuevo artículo 135 de la Constitución como la forma en que se ha acometido el cambio.
Aunque todos han dicho ser partidarios del principio de estabilidad presupuestaria, han reprochado a PP y PSOE que éste sea incluido en la Constitución sin el «consenso» de todos los partidos con representación parlamentaria.
El portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, considera que una reforma de este calado requiere «sosiego y consenso» y ha afirmado que «va en contra del actual reconocimiento de autonomía financiera y limitar esta autonomía es limitar la autonomía política de las comunidades autónomas».
Además, ha criticado que los objetivos que persigue esta modificación «no se han conseguido», ya que aún no se ha logrado que «los mercados confíen en este país», al tiempo que «el coste de la deuda ha subido y las bolsas han bajado». A su juicio, «los mercados no desconfían en España por su deuda pública, sino porque la economía no crece y no se crean puestos de trabajo».
«Saltar el muro constitucional»
El senador de ERC Miquel Bofill ha sido uno de los más críticos con el nuevo artículo 135 y ha utilizado la reforma para afirmar que Cataluña «no cabe en la Constitución». «Los catalanes nos tenemos que preparar para saltar el muro constitucional, el pueblo catalán tendrá que ejercer su derecho a decidir», ha advertido.
Bofill ha comenzado su intervención en el Pleno hablando en catalán, por lo que ha sido interpelado por el presidente de la Cámara, Javier Rojo, quien le ha pedido que continuara en castellano. El senador de ERC le ha pedido que descontara el tiempo de la interrupción, pero Rojo se ha negado, tras lo cual Bofill se ha quejado de que «a pesar de las facilidades de las nuevas tecnologías» no hay un sistema de traducción simultánea «por una imposición». «Los catalanes no cabemos como somos en el Estado español porque no somos tratados en igualdad por la Constitución», ha añadido.
Para Bofill, la reforma de la Carta Magna es «innecesaria, poco democrática y antisocial», al tiempo que «rompe todos los consensos constitucionales y limita la autonomía de Cataluña». Asimismo, ha criticado que no sea ratificada por referéndum, por lo que ha anunciado que buscará el respaldo de los 26 senadores que son necesarios para pedir la celebración de la consulta popular.
En cuanto al PNV, su portavoz, Joseba Zubia, ha compartido el «absoluto rechazo» a la reforma porque, aunque ha señalado que comparte «el principio de que no se debe gastar más de lo que se tiene», ha dicho no entender el motivo por el que el nuevo artículo 135 prohíbe el endeudamiento en fases de crecimiento económico «si se hace de forma responsable».
Tanto PNV como ERC han defendido las enmiendas que presentaron en Congreso y Senado para incluir en el artículo el derecho de autodeterminación para que las comunidades que así lo decidan puedan «dotarse de un marco estatal propio».
Por parte de ICV, Joan Saura ha justificado el voto en contra en el hecho de que, a su juicio la reforma es «socialmente regresiva, una propuesta recentralizadora y antidemocrática». Además, ha advertido de que muchos ciudadanos, entre los que se ha situado a él mismo, se sienten más lejos de la Constitución tras esta modificación».
Rechazo de Foro Asturias
Un senador recientemente designado por su Parlamento autonómico, Isidro Manuel Martínez, perteneciente a Foro Asturias, también ha votado en contra de la reforma. En su opinión, la única finalidad del cambio es «lavar los efectos de la irresponsable política» del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que considera que «lo que ha fallado calamitosamente es la política del PSOE, no la Constitución».
Pero también ha aprovechado para reprochar al PP que acepte, «en nombre del despilfarro socialista», someter a la sociedad al «trauma de una reforma de la Constitución que sería innecesaria con gobiernos solventes».
Por último, el senador del BNG, José Manuel Pérez Bouza, ha hecho un llamamiento a los senadores que no están sometidos a la disciplina de PSOE y PP para que firmen la solicitud de convocatoria de referéndum. «Tenemos la oportunidad histórica de reivindicar las minorías, sería el mejor servicio que el Senado podría hacerle al país y se reivindicaría como una Cámara útil», ha señalado.