El abogado Francisco Baena Bocanegra, defensor de María José Campanario y de su madre, Remedios Torres, ha clamado hoy por la inocencia de ambas y ha asegurado que «el espíritu mediático» se ha colado en el juicio de la «Operación Karlos» para convertirlas en «chivos expiatorios».
«Buscamos chivos expiatorios, y si son mediáticos, mejor», ha señalado el abogado en los alegatos finales que ha presentado hoy ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz que juzga a 25 personas, entre ellas Campanario y su madre, por intentar obtener fraudulentamente pensiones de incapacidad laboral de la Seguridad Social.
El abogado ha asegurado que este juicio «no sería lo mismo» si no estuviera en él la esposa del torero Jesús Janeiro, 'Jesulín de Ubrique', que, según ha dicho, desde que se descubrió la trama, hace cinco años, se ha sentado «día a día» en el banquillo «de la incomprensión y de la intolerancia» en el que «no hay sitio para la presunción de inocencia».
«Este es el juicio de la Campa y de su madre, lo digo con enorme tristeza», ha sentenciado el abogado, que ha recordado que se han gastado 600.000 euros en una vista oral para la que estaban acreditados noventa periodistas y para el que se ha dispuesto señal de televisión.
Para el abogado «el ruido mediático» ha pasado «cuenta», «fundamentalmente en el ministerio fiscal», que «por razones técnicas» que, dice, no alcanza a comprender pide para Campanario y para su madre dos años y nueve meses de cárcel por unos delitos en grado de tentativa cuando para otros que los han consumado pide penas de «dieciocho meses».
En ello ha pesado que sus clientas hayan decidido defender «desde el primer día y hasta el final» su inocencia, que estaban «a ciegas en todo», cuando encargaron a la gestoría del cabecilla de la trama, Carlos Carretero los trámites, en contra de otros muchos acusados que han llegado a acuerdos con el fiscal por los que reconocían la acusaciones a cambio de una reducción de condena.
En contra de estos acuerdos también se ha pronunciado Felipe Meléndez, el abogado de otro de los acusados que no ha llegado a un acuerdo con el fiscal, el inspector médico Francisco Casto Pérez, para quien el fiscal solicita la mayor condena, nueve años de prisión, cuando para el «cabecilla» de la red, que sí ha pactado, ha reducido la petición de condena de diez a cuatro años de cárcel.
El abogado ha señalado que con esos «pactos» ha habido «una bonanza total y absoluta y contra natura» para reducir las condenas de algunos de los acusados, mientras el resto, los que no han pactado, se han quedado en una «absoluta indefensión», sobre todo en el caso de su cliente, que se ha quedado en una situación de «todos contra uno y uno contra todos».
Según Meléndez, el inspector médico debe tener un «sentimiento de insecto» cuyos derechos no recoge el Código Penal.
En este sentido, ha criticado que el fiscal haya explicado su reducción de petición de condenas para acusados como el «cabecilla» de la trama, Carlos Carretero, y para su novia, Elisa Calvente, con argumentos como que han sufrido «desgaste de banquillo» en un proceso judicial tan largo, cuando, durante el juicio, en el que ambos han estado ausentes en muchas sesiones, han obtenido entre los dos «250.000 euros» por participar en programas de televisión.
El juicio, que comenzó el pasado 11 de abril, tiene previsto concluir mañana, cuando el tribunal dará la última palabra a los acusados que lo deseen antes de dejar el caso visto para sentencia.