El juez Baltasar Garzón ha vuelto a justificar como legal su decisión de intervenir las conversaciones que los 'cabecillas' de la trama «Gürtel» mantuvieron en prisión con sus abogados, durante su declaración voluntaria de este lunes ante el Tribunal Supremo. La declaración se prolongó algo más de hora y media sin que pudiera ser preguntado por las partes, según han manifestado fuentes presentes en la comparecencia.
Garzón no hizo declaraciones ni al entrar ni al salir del alto tribunal, momentos en los que estuvo rodeado de una nube de fotógrafos y cámaras de televisión, ni tampoco lo ha hecho su abogado en esta causa, Francisco Baena Bocanegra. En esta ocasión, su citación ante el Tribunal Supremo no ha concitado la presencia de detractores ni defensores del juez, como había ocurrido en ocasiones anteriores.
El único que ha comparecido ante la prensa al término de la declaración ha sido el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que fue quien presentó la querella que originó este sumario contra Garzón por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.
Peláez ha indicado que el trámite desarrollado este lunes ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro no ha aportado, a su juicio, ningún dato nuevo a la investigación, ya que el magistrado suspendido de la Audiencia Nacional se limitó a dar las mismas explicaciones sobre los autos de intervención de las conversaciones que ya realizara el 10 de mayo del pasado año, cuando declaró por primera vez sobre estos hechos.
LO MISMO QUE EN MAYO DE 2010
Según Peláez, Garzón sigue manifestando que no cometió ningún delito al ordenar las intervenciones, ya que según él sólo pretendía escuchar a Francisco Correa, el «cerebro» de la Gürtel y a sus principales colaboradores para evitar que siguieran delinquiendo desde prisión, con independencia de con quien hablaran, y que no se trataba de escuchar a los abogados. Por ello, el juez suspendido ha insistido en que él no vulneró ningún derecho fundamental.
Peláez ha añadido, a preguntas de los periodistas, que no entiende el por qué del interés de Garzón de volver a declarar por este asunto, dado que no ha aportado novedades. A su juicio, el siguiente paso debería ser cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio oral.
El aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 había solicitado volver a prestar declaración en este caso después de que, el pasado mes de noviembre, el magistrado Jorge diera por concluida su labor instructora y confirmara que existen indicios contra él por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales contra los abogados defensores de los imputados en la trama corrupta.
El pasado 18 de noviembre, el juez Alberto Jorge Barreiro rechazó las diligencias solicitadas por Garzón para ejercer su defensa en este asunto y señaló en un auto que, en el momento de acordar las escuchas, el juez suspendido de la Audiencia Nacional «no tenía dato incriminatorio alguno» contra los letrados de los presos.
Entre otras diligencias, Jorge Barreiro rechazó citar como testigo en la instrucción de la causa del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que es quien actualmente investiga la trama corrupta.
Para el instructor de la causa, los tres hechos relevantes que han de ser objeto de la investigación son: si Garzón dictó efectivamente los autos cuestionados (en los que se autorizaron las escuchas); si cuando lo hizo tenía algún indicio incriminatorio contra los letrados afectados y si las resoluciones se ejecutaron en la práctica.
De lo instruido hasta la fecha se deducen, según Jorge, «transparentes los indicios en el sentido de que cuando el querellado dictó las dos resoluciones no tenía dato incriminatorio alguno contra los nuevos letrados de los presos que los implicara en la trama o en otros hechos delictivos», tal y como reconoció el propio Garzón en la declaración que prestó en el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo.