Bares y cafeterías, y locales de ocio nocturno han reducido sus ventas en enero un 19,14 % y un 19,88 %, respectivamente, respecto al mismo mes de 2010, a causa del endurecimiento de la ley antitabaco, según datos presentados ayer en Madrid por la Federación Española de Hostelería (FEHR).
Según la encuesta realizada entre 1.200 empresarios del sector, la pérdida de negocio en el primer mes de 2011 ha afectado en menor medida a los restaurantes, que retroceden un 14,35 por ciento.
«Las pérdidas son superiores a lo que esperábamos y ponen en evidencia a la entonces ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que aseguraba que aumentaríamos negocio con la prohibición total», ha denunciado el presidente de la patronal hostelera, José María Rubio.
Inquietud
En concreto, los datos ofrecidos por la FEHR recogen que el endurecimiento legal ha provocado «importantes pérdidas» en el 85,94 % de los establecimientos, mientras que sólo un 1,49 % ha notado un impacto positivo tras la entrada en vigor de la nueva norma.
Los bares y cafeterías sin empleados asalariados han sido los que más han notado el cambio normativo, con una merma del 23,59 % de las ventas, seguidos de los locales con entre uno y cinco trabajadores contratados, que reducen sus ingresos un 22,3 %.
En el caso de los restaurantes, aquellos sin empleados contratados rebajan ingresos en enero un 17,67 %; los que tienen hasta cinco empleados, un 14,17 %; y los más grandes, un 13,45 %.
Por momentos del día, la hostelería acusa más la nueva ley en horario de tarde, cuando deja de ingresar un 20,12 %; mientras que en la noche pierden un 18,08 %; en el desayuno, 17,74 % y el aperitivo, la cena y el mediodía, en torno al 13,5 %; mientras que en las comidas el descenso se contiene hasta un 10,27 %.
A tenor de los resultados, el presidente de la FEHR, José María Rubio, ha considerado que la situación es «desesperada» para microempresas y pymes, y que es «humanamente comprensible que algunos hosteleros incumplan la ley, en contra de su voluntad, para mantener a sus familias», aunque la Federación desaconseja esta práctica.
Rubio ha adelantado, además, que la Federación se está coordinando con sus asociados para que todos los empresarios que hayan realizado reformas para adaptarse a la anterior ley puedan reclamar judicialmente al Estado su responsabilidad patrimonial.